Luego del masivo corte del suministro de electricidad durante ese martes, el defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Arturo Pozalli, envió un oficio a las empresas Edesur y Edenor, al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y al Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) a través del cual se solicita que se frenen los incrementos en la tarifa del servicio hasta que “acrediten mejoras en los niveles de calidad y eficiencia” del mismo.

De esta manera, pidió que “se abstengan de adoptar medidas tendientes a la aprobación de nuevos cuadros tarifarios con aumentos en el servicio público de electricidad durante el año 2019 y los sucesivos periodos hasta tanto no acrediten mejoras en los niveles de calidad y eficiencia del servicio acorde a lo que dispone la Constitución Nacional, la ley 24065 y el Contrato de Concesión del Servicio”.

El apagón afectó a más de 145 mil domicilios de 25 barrios de la Ciudad, por lo que Pozalli consideró que “implica un grosero incumplimiento al contrato de concesión, así como también un grave menoscabo a miles de usuarios, tanto en los daños materiales que implica la pérdida de alimentos, la afectación del servicio de agua, las interrupciones de semáforos y servicios de trenes y subterráneos, que deben ser reparados”.

El funcionario también exigió que las empresas informen detalladamente zonas afectadas, indicando desperfectos que se produjeron, cómo se resolvieron, y tiempo que se demoró en restablecer el servicio en cada caso; si tienen diagnóstico sobre los errores que se cometieron en las medidas preventivas para evitar el apagón de este 22 de enero.

También se solicitó la información de la que disponga sobre medidas que las empresas distribuidoras del ámbito metropolitano adoptarán para evitar que se generen cortes masivos del servicio los días en que la temperatura supere los 30 grados; y, dicten las reglamentaciones necesarias para que las empresas distribuidoras de energía eléctrica se abstengan de realizar suspensiones del servicio por falta de pago.

Finalmente, Pozalli explicó que “los reiterados, prolongados y sucesivos representan un hostigamiento más que recibe el usuario en la prestación de un servicio público deficiente, con una pésima atención a sus reclamos e inquietudes y con tarifas excesivas y desproporcionadas” y sentenció que “a ello se le suma un comportamiento temerario por parte de la empresa que se niega a pagar multas y resarcimientos firmes, presenta intimaciones amenazante y extorsivas a usuarios con demoras en el pago de facturas y realiza bajas del servicio en hogares donde habitan niños, ancianos, personas con discapacidad y personas gestantes”.