Aquellas personas condenadas en segunda instancia judicial por corrupción o enriquecimiento ilícito no podrán presentarse en ninguna lista hasta que no se resuelva el caso procesal, según reza el proyecto de ley presentado en la Cámara baja de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires por el diputado del FR Ricardo Lissalde.

La iniciativa puntualiza claramente que “no pueden ser precandidatos en elecciones primarias ni generales a cargos públicos electivos provinciales aquellas personas que estén condenadas, con fallo en segunda instancia, por delitos como enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, corrupción, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, entre otros”.

El proyecto de Lissalde también aclara que esas personas tampoco podrán ocupar cargos en las direcciones partidarias, claro que para ello es necesario modificar la Ley de Elecciones Primarias, Abierta y Simultáneas (PASO) y la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, según indica la iniciativa.