En la sede del PJ Capital, dirigentes de la oposición firmaron una adhesión al amparo contra el aumento de tarifas, presentado por los integrantes del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), de la provincia de Buenos Aires.

La diputada Victoria Donda y el senador Fernando “Pino” Solanas respaldaron la medida ante la situación que están viviendo los argentinos. Ambos asistieron a la convocatoria hecha a la comunidad para sumarse al petitorio que busca detener las subidas de los servicios públicos.

Donda se pronunció a favor de “defender el derecho de todos los ciudadanos de tener una vida digna, porque las tarifas son abusivas, las tarifas no contemplan la realidad que hoy está viviendo la sociedad, los sectores medios, los trabajadores, las trabajadoras, creo que la justicia tiene que protegernos de este Gobierno que sólo le garantiza ganancias a las grandes empresas”.

Por su parte, Solanas manifestó su apoyo a la iniciativa para “defender a todos los ciudadanos que sufren día a día el desgobierno de Macri. Estamos convencidos que desde la unidad podemos superar esta situación”.

“Ahora las familias debaten sobre si ir al supermercado o pagar las tarifas, antes la clase media discutía sobre a dónde iba de vacaciones, esto va a ser más grave con los aumentos de los alimentos y las cuotas de los colegios de los chicos”, afirmó Víctor Santa María, presidente del PJ Capital.

Santa María calificó de “ridículo” el ajuste propuesto a los docentes, en vista del alza del costo de la vida. Además adelantó que “junto a los movimientos sociales y trabajadores” presentarán un proyecto de ley ante el Congreso para “frenar los incrementos de los servicios autorizados por el Gobierno”.

Finalmente, Mariano Recalde, presidente del bloque de Unidad Ciudadana en la Legislatura porteña, consideró que “el tarifazo es brutal. La gente se está endeudando para pagar los servicios públicos, muchísimos comercios y PyMEs de la ciudad tuvieron que bajar sus persianas y otros tantos están al borde del cierre. Es momento de ponerse firme para enfrentar esta política que tanta angustia genera y estamos convencidos que el único camino es a través de la unidad de todos los que rechazamos este ajuste. El Gobierno tiene que entender que el acceso al agua, el gas y la luz es un derecho humano, no puede ser un negocio para las empresas amigas”, concluyó.

La adhesión busca frenar la resolución presentada por el Gobierno que habilita a nuevos ajustes en el sector eléctrico. El primero de los cuatro aumentos previstos para este año entró en vigencia el 1 de febrero.

“Oportunamente, se haga lugar a la acción de amparo colectivo, dictando sentencia que declare la inconstitucionalidad de la Resolución 366/2018 de la Secretaría de Gobierno de Energía y Resoluciones 24/2019, 25/2019, 26/2019 y 27/2019 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad”, especifica el artículo 4 del petitorio.