Dos días después de su presentación en el Congreso, más precisamente en el seno de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja y con la presencia exclusiva de legisladores del kirchnerismo, el Gobierno decidió impulsar el juicio político contra el juez federal Alejo Ramos Padilla.

Le adjudican una “manifiesta actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas”.

El jury de enjuiciamiento al que accedió parlamentario.com fue elevado por el ministro Germán Garavano al representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Bautista Mahiques, y allí se argumenta que el magistrado expuso detalles de un expediente en trámite, “en una clara infracción al deber de reserva que debe garantizar en su carácter de director del proceso”.

Remitiéndose al artículo 204 del Código Procesal Penal de la Nación, el ministro de Justicia recuerda que el sumario debe ser público para las partes involucradas y sus defensores, pero “será siempre secreto para los extraños”. Por el contrario, señala, “muy lejos del respeto de ese deber de reserva, el mentado juez hizo de su investigación una cuestión política y mediática alejada del rol que la Constitución nacional reconoce al Poder Judicial, poniendo gravemente en crisis de ese modo la confianza que los habitantes depositan en ese poder del Estado”.

A su vez, añade, “la actitud confrontativa demostrada contra algunos de los legisladores, también exhibe un accionar incompatible con la prudencia y decoro esperados de un juez federal”.

El escrito elevado por el Ministerio de Justicia al Consejo de la Magistratura recuerda el “equilibrio de derechos y poderes entre acusador y acusado”, el cual “se ve absolutamente desvirtuado cuando, como en este caso, las funciones de investigación y acusación son acaparadas por un juez cuya actuación pública habla de una pérdida total de ecuanimidad”.

En lo que considera un “indebido rol acusatorio”, para JusticRamos Padilla “no solo careció de imparcialidad, sino que tampoco demostró observar en forma alguna el deber de objetividad que la ley impone a quienes llevan adelante la acusación pública que, en la normalidad de los casos, son los representantes del Ministerio Público”.

Observa Garavano que el juez federal envió documentación a la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, por entender que las características de los presuntos hechos investigados tenían íntima vinculación con la labor de la misma. Sin embargo, luego se presentó ante otra comisión, la de Libertad de Expresión, presidida por Leopoldo Moreau, cuyas competencias “nada tienen que ver con la materia”, destacó el ministro, para quien “resulta llamativa esta conducta pues era esperable que explicara estas cuestiones en el ámbito correspondiente”. Así las cosas, advirtió sobre una “clara intencionalidad que parece guiar al magistrado”.

Todo ello lleva a la denuncia por interpretar “una clara afectación del deber de imparcialidad que le impone la Constitución nacional”.

Asimismo alertó la cartera que encabeza Germán Garavano sobre un cuestiomiento al accionar de ese ministerio, pues Ramos Padilla dirige su pedido de colaboración a dependencias que no corresponden, “omitiendo con plena conciencia y conocimiento la obligación de requerir a aquellas que se encuentran reguladas por la ley a tales efectos, como el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID), y el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados”, atento que “el programa Verdad y Justicia solo puede intervenir en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad”.

“Ramos Padilla no puede desconocer que este Ministerio siempre prestó colaboración en todos los procesos judiciales en los que fue requerido conforme las disposiciones legales vigentes”, agrega la presentación.