Buscando darle una solución a los reclamos de los vecinos de la Villa 21-24 por la crisis energética en la que viven, el jefe del bloque Unidad Ciudadana, Mariano Recalde, impulsó en la Legislatura porteña un proyecto a través del cual solicita que los funcionarios del Gobierno de la Ciudad participen de una audiencia pública que se realizará para analizar esa problemática y exige que elaboren un Plan Integral y de Contingencia para resolverlo.

Esa audiencia se realizará el próximo lunes, de acuerdo a lo dispuesto por la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad; por lo que el diputado insistirá para que la medida sea tratada y aprobada durante la sesión ordinaria de esta semana.

En los fundamentos de la medida Recalde recordó que el “viernes 6 de abril de 2018 hubo que lamentar una nueva víctima fatal producto de la desidia del estado y la falta de políticas públicas respecto al tendido eléctrico precario que posee este barrio de Barracas” y precisó que desde el 2010, “producto los constantes cortes de luz y luego del incendio de una casilla de madera ante el desprendimiento de un cable energizado, vecinos del barrio, conjuntamente con una ONG, y la Defensoría de la CABA, interpusieron una acción de amparo a fin de obligar al Gobierno de la Ciudad a que elabore un plan de adecuación del tendido eléctrico del barrio”.

Tal pedido fue otorgado cautelarmente en 2011 y acogido en la sentencia definitiva de 2013, por lo que desde el 2011 el Gobierno porteño “está obligado a presentar un “Proyecto Eléctrico Adecuado”, el cual consiste en elaborar e implementar un Plan Integral de prestación y de mantenimiento del servicio de energía eléctrica que provee en la Villa 21-24, en forma regular, técnicamente idónea, segura y suficiente, hasta el logro del resultado, consistente en la eliminación y superación del inaceptable estado de riesgo eléctrico existente y de falla estructural en la regularidad y suficiencia del servicio”.

“Si bien hubo varias reuniones entre el gobierno y los actores involucrados, nunca se llegó siquiera a presentar tal plan. De hecho, tanto los vecinos como las ONGs involucradas vienen denunciando desde el otorgamiento de la cautelar el sistemático incumplimiento de la sentencia por parte del Gobierno de la Ciudad. El riesgo eléctrico, lejos de haberse atenuado, se ha ido agravando año a año, como se observa en el aumento constante de los cortes de luz, cortocircuitos y finalmente el trágico episodio de 2018”, concluyó Recalde.