Un plenario de tres comisiones determinó que las reuniones, a las que se convocarán representantes de organizaciones y especialistas, serán los martes y los jueves. La próxima semana expondrá Ricardo Gil Lavedra, coordinador general del programa Justicia 2020.
Un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; y Presupuesto determinó convocar a audiencias públicas para debatir un nuevo Régimen Penal Juvenil, con la participación de diversos actores sociales y expertos en la temática.
La diputada Gabriela Burgos (UCR) informó que los encuentros se llevarán a cabo los días martes desde las 10 hasta las 17 y los jueves desde las 9 hasta las 13. En el caso de los martes, los bloques con más de 10 integrantes en el plenario tendrán un total de cuatro expositores; en tanto los jueves podrán invitar dos. Mientras que los bloques con menos de 10 diputados en el plenario, podrán convocar a dos oradores los martes y a uno los jueves.
Asimismo, la titular de Legislación Penal detalló que las audiencias se dividirán por ejes temáticos como “las respuestas no tradicionales con participación de la víctima, de la comunidad y exposición de técnicos; la justicia especializada, la capacitación de los jueces, los fiscales y las fuerzas de seguridad”.
También “la edad mínima de responsabilidad penal, la respuesta a los inimputables, la duración del proceso, la revisión, la prescripción; las medidas cautelares y sanciones, las condiciones de detención, el monitoreo, implementación del sistema, articulaciones sistémicas y la conformación de los equipos disciplinarios; y el impacto presupuestario”.
Burgos estimó que se realicen entre ocho y nueve audiencias, e informó que la semana próxima la presentación del proyecto del Poder Ejecutivo estará a cargo del doctor Ricardo Gil Lavedra, coordinador general del programa Justicia 2020 y partícipe en la redacción del texto.
Por su parte, la presidenta de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Alejandra Martínez (UCR), sostuvo: “Ojalá podamos arribar a la construcción de un consenso que nos permita tener una norma que reemplace a este decreto de la dictadura que se encuentra vigente. La situación de nuestros niños y adolescentes en conflicto con la ley penal no puede ser peor”.
En tanto, el macrista Luciano Laspina avisó que se le enviará a la Oficina de Presupuesto del Congreso el proyecto para que “nos ayude a estimar los costos fiscales” y se pueda dar una “discusión racional entre los medios y recursos”.
Desde el Frente para la Victoria, Rodolfo Tailhade reclamó que asista el ministro de Justicia, Germán Garavano, porque se trata de un “tema central” y él debería “ser el primer expositor”. “No es que quiero que venga Garavano para hablar de (Marcelo) D’Alessio. Sé que el tema es bastante serio para andar chicaneando”, aclaró, y en ese sentido señaló que “no podemos dejar de tener en cuenta que acaban de declarar la emergencia penitenciaria”.
Luego, el kirchnerista Horacio Pietragalla fustigó que “no estamos en un escenario donde este Gobierno respete los derechos humanos”, y advirtió que “hay una recomendación de UNICEF que dice que este tipo de políticas no se tienen que debatir en años electorales”.
El legislador alertó que “los programas FinEs están en peligro, amenazan con cerrar nocturnas, las becas para la educación son inexistentes”, por lo que consideró que es necesario “un abordaje integral que hay que darle a los jóvenes, en un marco de crisis como el que estamos viviendo. La crisis económica esta totalmente asociada con la inseguridad”.
Por el Frente de Izquierda, Nathalia González Seligra aseguró que “el fundamento de combatir la inseguridad es falso” ya que, según datos del Ministerio Público Fiscal bonaerense, “desde 2009 solo en el 4% de los delitos están involucrados jóvenes, y esos delitos son en general contra la propiedad y no contra las personas”.
Sí celebró el debate la diputada Carla Carrizo (Evolución), quien enfatizó que “hace 36 años que los adolescentes esperan tener una ley”. “Me encanta que sea en un año de elecciones presidenciales, porque de esto queremos saber qué piensan los candidatos”, dijo.
“Es un debate que no ha comenzado y se empieza por las conclusiones. Es difícil avanzar con esta cuestión si ya de antemano decimos por qué se hace en este momento, será que hay intenciones aviesas. Está claro que el debate va a estar teñido por la campaña”, expresó el macrista Alejandro García.
Finalizando la reunión, la secretaria del interbloque Cambiemos, Silvia Lospennato, hizo hincapié en la condición de minoría del oficialismo que, afirmó, “ha mejorado mucho la calidad de debate democrático” ya que “nadie puede mandar un proyecto y aprobarlo a libro cerrado”. “Todos los proyectos que logran salir es porque logran generar un acuerdo muy amplio”, manifestó y agregó que por eso “no hay mejor momento” para debatir esta iniciativa.
“Desde el ‘83 en adelante muchos gobiernos tuvieron mayoría y nadie modificó este régimen. Ninguno”, reiteró y sobre la baja de la edad de imputabilidad dijo: “Es el tema más controvertido y si no hay mayoría, no se bajara”. La macrista apuntó que en Uruguay la edad es de 13 años, “y eso no lo hace un país menos democrático”, además de mencionar que en Venezuela y Costa Rica es de 12 años.
El proyecto del Gobierno
El proyecto tiene como eje central la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 15 años. Además, establece la intervención de una justicia especializada en la adolescencia y plantea que la prisión será el “último recurso” y “por el plazo más breve posible”.
Otro de los puntos centrales es que los adolescentes “no serán pasibles de sanciones privativas o restrictivas de la libertad en función de infracciones de naturaleza contravencional o de faltas”. Y el máximo de años de cárcel será de 15 y quedará prohibida “la imposición de reclusión y de prisión perpetua”.
Por otra parte, uno de los artículos propone que en caso que las víctimas den su consentimiento, y sólo ante delitos menores, se incorporarán mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos, como la mediación, la conciliación y el acuerdo restaurativo.
También se prevén sanciones socio-educativas, tales como la asistencia a programas de formación ciudadana; la capacitación laboral, cultural y deportiva; o el tratamiento médico o psicológico.
La prisión preventiva para los jóvenes de entre 15 y 18 años deberá ser por el plazo de un año. Además se habla de distintos tipos de detenciones: domiciliarias, de “fines de semana”, en centros abiertos y en centros especializados, donde los menores “desarrollarán actividades formativas, educativas, laborales y de ocio”.
Los procesos judiciales contra adolescentes no serán públicos, excepto que el adolescente, con asistencia letrada, lo solicite. Se prohíbe asimismo la publicación de nombres, sobrenombres, filiación, parentesco o residencia del adolescente o su familia, como así también fotos o cualquier otro dato que posibilite su identificación.
Foto: HCDN
