El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli, detalló al defender el dictamen de minoría las características de la nueva ley de financiamiento político, que consideró “un gran paso para mejorar la transparencia de las campañas electorales, aumentar las obligaciones de los partidos en orden de esas campañas”, y valoró principalmente el “notorio incremento en las atribuciones y competencias de la Cámara Electoral para un control efectivo rápido y eficaz de la obligaciones de los partidos políticos”.

En el inicio del debate, el diputado del Pro, destacó que la nueva norma modifica sustancialmente la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos y las Campañas Electorales y detalló el “derrotero un tanto curioso” recorrido por la norma, dado que originalmente había ingresado a mediados del año pasado a través de un proyecto del Poder Ejecutivo a Diputados.

Admitió que los diputados no pudieron hacer avanzar esa iniciativa. “Sin embargo el Senado sí tomó la posta, sí avanzó, se lo discutió de manera muy abierta, participativa, y así se llegó a la media sanción de este proyecto”, señaló Tonelli.

El presidente de Asuntos Constitucionales recordó que el tema del financiamiento electoral “es relativamente nuevo, de preocupación relativamente nueva en nuestra democracia. Tan es así que recién en 2002 el Congreso dictó la primera ley sobre el tema”. Recordó que en 2006 la norma fue sustituida por otra ley, y finalmente modificada por la que estableció las PASO.

Tonelli destacó que el proyecto debatido propone la reforma de cinco leyes y sus propósitos “son muy claros: básicamente mejorar, incrementar la transparencia en el financiamiento electoral, en el dinero que los partidos políticos reciben que se identifique a los que contribuyen y qué destino le dan a ese dinero los partidos.

“Se busca también morigerar las diferencias generadas por la desigualdad financiera de los partidos a la hora de acometer las campañas, nivelar la cancha de manera tal que todas las agrupaciones que participan lo hagan de manera igualitaria -puntualizó-. Sin perder de vista que contribuir al financiamiento de las campañas, más allá de que sea una necesidad, es un derecho de los ciudadanos, que pueden contribuir al financiamiento de su partido”.

Otro objetivo es, dijo, “evitar la informalidad, que no haya donaciones anónimas que no se sabe de dónde vienen y que no haya destinos que se ignoren, y que no se sepa en qué se gasta el dinero”.

Tonelli aclaró que “son los mismos objetivos que estaban en el proyecto originario”, tras lo cual destacó las principales innovaciones que la iniciativa propone. “Se restablece el financiamiento mixto de los partidos, tanto para su desenvolvimiento institucional como para las campañas”, apuntó, recordando que en la actualidad eso es solo para las actividades ordinarias, no así para las campañas.

“En el fondo eso esconde una hipocresía, porque las empresas terminan contribuyendo, pero lo hacen a nombre de 10, 15 o 20 gerentes de esas empresas”, reconoció el legislador, que consideró mejor saber cuáles son las empresas que ponen dinero en las campañas y dónde lo hacen, “y no personas que no sabemos quiénes son”.

Asimismo se unifica el máximo que pueden aportar las personas humanas o jurídicas en el 2% del aporte máximo que la ley prevé y que surge de multiplicar el valor del módulo electoral por el número de electores del distrito que se trate.

El diputado del Pro consideró otra modificación “esencial” la bancarización total y absoluta de los aportes. “No puede haber más aportes en efectivo –remarcó-. Con alguna característica adicional importante: que el aportante tiene que identificarse en el portal de la Cámara Nacional Electoral, y manifestar su libre voluntad de contribuir al financiamiento de un partido”. De tal manera, dijo, “no puede haber más aportantes sorprendidos de serlo”.

Asimismo la nueva norma posibilitará la reversión del aporte: si un partido recibe un aporte de alguien que no quiere recibirlo, la ley autoriza a que lo devuelva, y exige que las entidades financieras permitan el funcionamiento de ese mecanismo.

Por otra parte se incrementa fuerte el aporte para la impresión de boletas que los partidos reciben del Estado. Se establece también una nueva regulación más estricta de las campañas publicitarias, sobre todo en las redes. “Todos sabemos la importancia decisiva que van cobrando” las campañas en el mundo digital, señaló, por lo que ahora se exige una rendición de cuentas de lo que se invierte en las plataformas digitales.

Se regula además la actividad de las encuestadoras y se le aumenta a la Cámara Nacional Electoral el presupuesto para contratar auditores que realicen esa tarea de auditoría.

Por último, Tonelli señaló que este es “un gran paso para mejorar la transparencia de las campañas electorales, aumentar las obligaciones de los partidos en orden de esas campañas, y un notorio incremento en las atribuciones y competencias de la Cámara Electoral para un control efectivo rápido y eficaz de la obligaciones de los partidos políticos”.