Por Magdalena Odarda. La senadora nacional reclama la presencia del Estado en el deber de generar políticas públicas para erradicar este flagelo.
La violencia de género es una problemática social atravesada por la desigualdad en una estructura que impacta sobre el entorno social, laboral, cultural y económico transcendiendo los bordes de las relaciones domésticas. Esta asimetría puede desencadenar en su punto extremo el femicidio, que constituye la expresión máxima de violencia hacia la mujer.
La ONU define a la violencia hacia las mujeres y niñas como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.
Un estudio de la Organización Mundial de la Salud titulado Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer: prevalencia y efectos de la violencia conyugal y de la violencia sexual no conyugal en la salud, reconoce que es un importante problema de salud pública, además de una violación de los derechos humanos, y se registran datos sobre la violencia ejercida por la pareja. Las conclusiones dicen que “globalmente, el 35% de las mujeres del mundo entero han sido víctimas de violencia física y/o sexual por parte de su pareja o de violencia sexual por parte de personas distintas de su pareja…”.
En cuanto a los femicidios en Argentina, a pocos días del Ni Una Menos, el Observatorio de Violencias de Genero “Ahora que si nos ven”, presentó el Registro Nacional de Femicidios consignando que desde el 2015 a la actualidad hubo 1.193 víctimas asesinadas por ser mujeres; es decir, un femicidio cada 30 horas. En lo que va de 2019, ya son 133 las mujeres asesinadas.
También, desde la Oficina de la Mujer (OM), que funciona en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se elaboró la edición 2018 del Informe de Femicidios de la Justicia Argentina, identificando 278 muertes por violencia de género (255 directas que incluyen cuatro travesticidios/transfemicidios y 23 femicidios vinculados) en el 2018. La mayoría de los asesinatos fueron cometidos por las parejas o exparejas de las víctimas en sus propias casas. Esas muertes dejaron un saldo de 250 niños y niñas sin madre.
Estas cifras no son cifras, son mujeres asesinadas.
En cuanto a las denuncias por violencia de género registradas en la OVD -Oficina de Violencia Domestica- de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el informe 2018 se exponen cifras que demuestran el aumento desde el 2014 hasta la actualidad. Se produjo un aumento en la cantidad de mujeres afectadas por cada varón entre los 18 a 29 años, de aproximadamente 10 mujeres por cada varón. En cuanto a la característica de la violencia ejercida por el varón, el más usual es el del vínculo de pareja con un 53%. Entre los 18 y 59 años, el vínculo más usual es el de pareja con registros superiores al 84%. En total fueron denunciados en la oficina más de 11 mil casos, 8% más respecto del año anterior. Si bien las estadísticas pertenecen a la ciudad de Buenos Aires, tienen correlación con el resto del país.
Estas cifras muestran la necesidad de aprobar de manera urgente una herramienta legal que garantice derechos de las mujeres y disidencias, y jerarquice las políticas públicas sanitarias para su protección. Miles de mujeres de distintas organizaciones sociales, estudiantes, trabajadoras, están exigiendo una ley de emergencia. Por esta razón, presenté en estas horas un proyecto de ley en el Senado cuyo fin es crear las condiciones para brindar asistencia en situaciones de violencia creando refugios, subsidios habitacionales y un plan de asistencia económica para mujeres en situación de violencia, entre otros puntos. Es indispensable garantizar rápidamente el acceso a una vivienda alternativa para la mujer y los hijos cuando hay convivencia con el agresor. Quiero destacar que el proyecto dispone la creación de un dispositivo para prevenir la violencia, creando un programa de promotoras cuya función es concientizar y capacitar a la población en prevención de la violencia de género.
El contexto nacional de ajuste y pobreza debe revertirse, como también la ausencia del Estado en el deber de generar políticas públicas para erradicar la violencia de género en nuestro país.
