En conflicto con los trabajadores, ratificaron el traspaso de las eléctricas

El acuerdo entre Nación y la Ciudad fue aprobado con 40 votos positivos y 18 negativos, por lo que EDENOR y EDESUR pasarán a la órbita del distrito capitalino. Por su parte, más de 400 empleados del ENRE exigieron precisiones sobre su continuidad en los puestos de trabajo.

Con el objetivo de consolidar la autonomía de la Ciudad y tras el acuerdo con Macri y los gobernadores en 2018, la Legislatura porteña ratificó con 40 votos a favor y 18 en contra el traspaso de la jurisdicción sobre el servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica.

El convenio contó con el acompañamiento de VJ,PS y Ev y el rechazo de GEN, UC, PTS, MC, BP, FIT, PO y AyL.

De esta manera, la medida prevé que la Empresa Distribuidora Norte SA (Edenor) y Empresa Distribuidora Sur SA (Edesur) pasen a estar sujetas a la jurisdicción de la provincia y el distrito capitalino, en línea con lo que ocurre con las distribuidoras eléctricas en las demás jurisdicciones de todo el país.

Además sostiene que será necesaria “la constitución de un nuevo organismo de control, que opere bajo la órbita de la Provincia y de la CASA y que, oportunamente, cumpla las funciones que hoy lleva a cabo el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)”, por lo que se requerirá que tanto el ENRE como este nuevo organismo trabajen coordinadamente “para lograr una transición que no afecte la prestación del servicio y a sus usuarios, y que respete los derechos de las Concesionarias”.

“Que en ese período se evaluará también la posibilidad de que algunos agentes que hoy prestan servicios en el ENRE, pasen a hacerlo en el nuevo organismo regulador a crearse”, añade el acuerdo.

Por otra parte analiza los contratos de concesión de las concesionarias, que fueron celebrados en 1992, y de qué manera se resolverán los reclamos sobre el cumplimiento de las Actas Acuerdo celebradas entre el ENRE y las Concesionarias en 2006; otros relacionados con el pago de los consumos de los asentamientos con medidores comunitarios; y aquellos que tengan que ver con las diferencias resultantes de aplicar el tope en las facturas de los usuarios beneficiarios de la Tarifa Social.

Cabe destacar que el traspaso de las eléctricas a la órbita del distrito capitalino se da en un marco de tensión con los más de 400 trabajadores del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), quienes exigen precisiones sobre su continuidad en sus puestos laborales y que marcharon este jueves hasta la Legislatura porteña para visibilizar su reclamo.

Al respecto de esta medida, el vicepresidente de la Comisión de Relaciones Interjurisdiccionales y diputado de Vamos Juntos, Claudio Romero, explicó los alcances de la medida e insistió en que se trata de “un paso más hacia la plena autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”.

En contraposición la kirchnerista Paula Penacca (UC) aseguró que están “a favor de completar la autonomía de la Ciudad pero no de perjudicar a los ciudadanos en pos de ese objetivo” y consideró que “con estos convenios lo que termina ocurriendo es que se languidece el control sobre los servicios”. “Nos preocupa la falta de transparencia de este convenio, el cual está sospechado de ser una verdadera estafa tanto para los vecinos como para el propio Estado”, advirtió.

Además el trotskista Gabriel Solano (PO) indicó que “es poco creíble que esta ley tenga por objetivo ampliar la autonomía de la Ciudad, esto tiene que ver con que el Gobierno Nacional pretende que sea el Gobierno local el que aplique los tarifazos” y denunció que “el verso de la autonomía es más viejo que la abuela de mucho de los que estamos acá, esto forma parte de los pactos establecidos entre el Ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para llegar al déficit cero. Esta es una estafa monumental”.

Mientras que el diputado del Bloque Peronista Santiago Roberto celebró “que se dé un paso más en la autonomía de la Ciudad pero no estamos de acuerdo en el modo y la forma en la que se da este traspaso, un tema tan trascendental no puede llevarse adelante en tan sólo 15 días hábiles” y precisó que desde ese espacio tienen “más dudas que certezas, en las reuniones quedó claro que no se iba a poder modificar nada”.

“¿Qué va a pasar con los trabajadores del ENRE? Si existe la decisión política de privilegiar la conservación de las fuentes de trabajo, hubiese sido importante que existiera un artículo que lo detalle”, aseveró.

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