“Los problemas generados por la utilización de tecnología anticuada, la falta de transparencia y la debilidad de los controles de todo el sistema de escuchas han derivado en la filtración de conversaciones privadas que constituyen un elemento de prueba dentro de un proceso de investigación penal que debe ser protegido tanto para los imputados como para el éxito de la propia causa”, afirmó al respecto la diputada nacional Soledad Carrizo (UCR-Córdoba).

Para la legisladora radical, “estas filtraciones, han provocado una seria preocupación sobre la seguridad de la información que se obtiene de la interceptación de las comunicaciones, sobre la confianza en su manipulación y custodia, y sobre la responsabilidad de quienes llevan indebidamente la difunden”.

Es así que en este contexto y con el objetivo de atender estas problemáticas, la diputada Carrizo ha presentado dos proyectos tendientes a fortalecer el sistema de interceptación de las comunicaciones en nuestro país, actualmente dentro de la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el año 2015. “Ambos proyectos presentados, uno de declaración y el otro de ley, proponen un mejoramiento del sistema, buscando garantizar no sólo el cumplimiento de sus fines como herramienta investigativa, sino asegurando la protección de los derechos constitucionales a la intimidad y privacidad”, aseguró la legisladora cordobesa.

El primer proyecto presentado se dirige a la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitando que promueva la implementación de nuevas tecnologías para la interceptación de comunicaciones; con especial consideración sobre el reemplazo de CDs físicos por otras herramientas de almacenamiento que impidan su copiado y adulteración; y que en coordinación con la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso diseñen un protocolo de destrucción y eliminación de los archivos con información interceptada una vez utilizada.

La segunda de las propuestas presentadas, en cambio, es un proyecto de ley que persigue la modificación de las leyes 25.520 de Inteligencia Nacional, el Código Procesal Penal de la Nación, la ley Nacional de Telecomunicaciones 19.798, el Código Penal y el decreto PEN –DNU- 256/2015 que hoy regulan el sistema de interceptación de las comunicaciones en nuestro país. En este contexto, el proyecto de ley presentado busca la modificación de las normas señaladas para lograr mayor transparencia y confianza ciudadana en el sistema, proponiendo para lograrlo:

• Un mayor control de todos los sujetos intervinientes en el proceso de interceptación de las comunicaciones.

• La creación de un sistema (protocolo) de custodia sobre todo el proceso de interceptación, y un control posterior de la manipulación de la información obtenida; asegurando su inviolabilidad, confidencialidad e inalterabilidad de su contenido.

• La efectiva destrucción del contenido una vez cumplido su finalidad, permitiendo el control posterior de dicha eliminación por parte del juez competente que lo requiera.

• Incremento de las penas y creación de nuevas figuras penales para perseguir a todas aquellas conductas violatorias del secreto y confidencialidad.