Se trata de dos medidas impulsadas por los legisladores de Vamos Juntos, a través de las cuales buscarán eximirlos del pago de patentes de automotores y del pago de ABL a todos los centros de jubilados y pensionados del distrito capitalino.
En medio de una difícil situación económica y social, los legisladores de Vamos Juntos presentaron en la Legislatura porteña dos proyectos de ley a través de los cuales promueven una serie de beneficios para los adultos mayores de la Ciudad, entre los cuales se encuentran el eximirlos del pago de patentes de automotores y del pago de ABL a todos los centros de jubilados y pensionados del distrito capitalino.
La primera de esas iniciativas prevé que los automotores de uso particular de más de seis años de antigüedad, cuyo titular sea un jubilado y/o pensionado que cobre una jubilación y/o pensión de hasta dos haberes mínimos y posea residencia de al menos cinco años en la Ciudad, queden eximidos del pago de patentes.
La exención alcanza a sólo un vehículo por cada jubilado o pensionado y debe estar destinado a su uso exclusivo. “Esta medida está orientada únicamente a los jubilados que tienen una situación económica más apremiante renovando una vez más el objetivo que tiene esta legislatura en aplicar una política tributaria progresiva y equitativa”, aseguraron los legisladores en los fundamentos de la norma.
Mientras que en el caso de la eximición del pago de ABL, para poder acceder al mismo los centros deberán estar inscriptos en el Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria (ROAC) y sean propietarios del inmueble. También serán alcanzados aquellos inmuebles cuyo propietario sea el Presidente del Centro de Jubilados y Pensionados siempre y cuando la actividad principal del mismo se desarrolle en ese lugar.
“En la actualidad funcionan alrededor de 600 centros de jubilados en los distintos puntos de la Ciudad; desde los distintos órganos del estado, tanto a nivel nacional como local, se le brinda distintas ayudas a las actividades que realizan los centros de jubilados”, señalaron los oficialistas y concluyeron destacando “el enorme esfuerzo y sacrificio que realizan los presidentes de cada centro, que lejos de tener algún tipo de beneficio económico muchas veces ponen dinero de su propio bolsillo para que el centro pueda seguir funcionando”.
La normativa lleva la firma de María Sol Méndez, Gastón Blanchetiere, Natalia Fidel, Diego García Vilas y Claudio Romero (VJ).
