La previa de la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados estuvo marcada por un reclamo de un grupo de diputadas que intentaron colar en el temario el proyecto de ley sobre Educación Sexual Integral (ESI), pero no tuvieron éxito por la negativa del sector “celeste” que votó en contra del aborto legal el año pasado.

La iniciativa que busca garantizar el cumplimiento efectivo de la ESI en las escuelas todo el país obtuvo dictamen favorable el 5 de septiembre del año pasado, poco tiempo después de que el Senado rechazara la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Dado que todos los dictámenes caerán el 30 de noviembre -día en que termina el período ordinario-, diputadas “verdes” reclamaron tratarlo este miércoles en el recinto, pero no lo consiguieron.

“Cambiemos y el Frente de Todos acordaron excluir de la sesión uno de los proyectos más urgentes y postergados, la reforma de la ESI, cuyo dictamen de comisiones está a punto de perder estado parlamentario”, denunció Romina Del Plá, del Partido Obrero, quien planea referirse al tema en el recinto.

Del Plá reveló que “ni bien trascendió que podría tratarse esta ley mañana, se lanzó una fuerte envestida de los llamados 'celestes', inundando las casillas de mails de los diputados y metiendo presión en contra de su tratamiento, lo que muestra de cuerpo entero la falacia de que defienden a la niñez o las dos vidas: lo que defienden es una juventud sometida, desinformada y educada en el oscurantismo, susceptible a todo tipo de vulneraciones y manipulaciones”.

“Estamos ante un Parlamento enteramente dominado por el lobby de las iglesias, que se opone a los derechos más elementales para las mujeres y, en este caso, de protección de la niñez, ¡justo en el Día Mundial de Protección del Abuso Sexual en la Infancia, uno de los aspectos más relevantes con los que contribuiría esta ley!”, se quejó la legisladora.

El proyecto en cuestión define a la ya existente Ley de Educación Sexual Integral como “de orden público”, para que esos contenidos curriculares sean de aplicación obligatoria en todas las instituciones educativas de la Argentina, sean de gestión estatal o privada.