Mientras el Gobierno de Cambiemos se sacude en controversias internas suscitadas por la decisión del Secretario de Salud de la Nación Rubinstein de darle carácter de Resolución al Protocolo actualizado 2019, en Santa Fe se avanza en una norma impulsada por los diputados Silvia Augsburger y Rubén Giustiniani que facilita el acceso a la interrupción del embarazo en los casos, contemplados desde hace 100 años, por el Código Penal Argentino, cumplimentando lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Fallo F.A.L. del año 2012.

“Lo que está sucediendo a nivel nacional es bochornoso: idas y vueltas y en el medio la vida de las mujeres y de profesionales que deben recibir y acompañarlas y no saben cuál es el marco legal que les contiene. Por eso celebramos esta media sanción, y esperamos que prontamente el Senado lo convierta en Ley para Santa Fe”, expresó al respecto la legisladora.

La ley votada por Diputados facilita el acceso a la práctica médica para interrumpir un embarazo al establecer procedimientos claros, con instrucciones uniformes para respaldar la práctica de los equipos de salud en cualquier lugar de la geografía provincial. Es importante remarcar que el protocolo no modifica los derechos y obligaciones contenidos en las leyes y en la Constitución; lo que hace es evitar las obstaculizaciones, las demoras, la revictimización de niñas abusadas y todas las formas de negación de derechos que se producen cuando no se respetan las leyes vigentes.

El protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo fue elaborado por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de Nación, y Santa Fe adhirió al mismo por resolución del Ministerio de Salud.

“El año pasado fue bisagra en la discusión acerca del aborto: si bien no se logró sacar la ley, sí logramos la despenalización social. La legalización y despenalización de la práctica del aborto va a suceder más temprano que tarde, pero hasta que la voluntad política esté firme y prime la decisión de quienes quieren garantizar derechos y evitar más muertes de mujeres que, insisto, son siempre pobres y jóvenes, necesitamos generar herramientas que nos permitan cumplir con lo que nuestra jurisprudencia estipula. El Protocolo es una de esas herramientas y al convertirse en ley no solamente permitirá actualizarlo respecto de los últimos estándares médicos y legales, si no que igualará la atención que reciben todas las personas: las que se atienden en las grandes ciudades de nuestra provincia, como las que solicita una ILE en los lugares más alejados de los grandes centros urbanos”, consideró al respecto Augsburger.