Integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura presentaron el informe 2018 en el Salón Eva Perón del Senado, donde advirtieron por el hacinamiento en cárceles y “malos tratos y torturas que siguen vigentes” en la actualidad.

El presidente del Comité, Juan Manuel Irrazábal, recordó que el documento debía presentarse en mayo pasado, pero ante la falta de conformación de la Bicameral de la Defensoría del Pueblo se postergó. “No queríamos terminar el año sin hacerlo”, subrayó y destacó la presencia de la senadora Marta Varela (Pro), última presidenta de esa comisión.

El exsenador misionero señaló que en la primera etapa se trabajó “en las provincias más numerosas, más grandes geográficamente, y lógicamente con mayor cantidad de privados por la libertad. Hicimos monitoreos e inspecciones en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y nos pusimos en contacto con las autoridades políticas de los tres poderes”.

Además, Irrazábal informó que en otras provincias del país se crearon comités para la prevención de la tortura locales, que hacen a la interacción con el nacional, organismo que realiza “una tarea digna, necesaria, muchas veces silente pero imprescindible”.

Josefina Ignacio detalló que en el informe de 2018 “se han podido constatar diversas formas de malos tratos y torturas aún vigentes”. “El hacinamiento pone en riesgo a las personas privadas de la libertad”, apuntó y afirmó que “han fallecido personas debidos a incendios producidos en lugares hacinados, por ejemplo en Entre Ríos, Buenos Aires y Chubut”. “El hacinamiento en comisarías reviste casos de gravedad extrema”, agregó.

En lo que respecta a las mujeres presas, Ignacio habló de la vulneración de los niños menores de edad que viven con sus madres y dijo: “Hay un consenso generalizado de que la cárcel no es el lugar apropiado para que estos chicos crezcan, pero la verdad es que aún hay niños menores de cuatro años presos con su mamá”.

Por otra parte, alertó que “además de sufrir la violencia intrínseca de la cárcel” las mujeres “sufren la violencia de género sobre sus cuerpos, desnudos, observación de sus áreas genitales”. “La violación de derechos sexuales y reproductivos repercuten en la salud física y mental de las presas”, remarcó y contó que “ante la denuncia de hechos aparece la sobremedicalización y la sujeción como medidas de fuerza. Hemos encontrado mujeres sujetas en camillas”.

En tanto, Diego Lavado también hizo referencia al hacinamiento, al sostener que “las infraestructuras carcelarias ya no pueden sostener a más personas. Se inauguran unidades penitenciarias que están destinadas a 400, 500 personas y a los dos años ya alojan el doble de personas”.

“Tenemos mucho por delante, pero creo que podemos estar orgullosos en este poco tiempo que vamos consolidando nuestra institución y obteniendo logros paso a paso que seguramente en los próximos años harán que las circunstancias y las condiciones de detención en nuestro país puedan adaptarse a los parámetros internacionales”, expresó Lavado.