Luego de que el Gobierno nacional estableciera un nuevo protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), el diputado porteño del PO Gabriel Solano impulsó en la Legislatura un proyecto de ley para que la Ciudad adhiera al mismo y aseguró que buscará convocar a una sesión extraordinaria para tal fin.

En ese sentido el trotskista indicó que “la Ciudad tiene que adherir de inmediato al protocolo ILE actualizado por el Ministerio de Salud” y consideró que “no se puede admitir que el Estado de la Ciudad y la Iglesia oscurantista sigan bloqueando este derecho fundamental de las mujeres”. Asimismo recordó que “cuando era jefe de Gobierno, Mauricio Macri vetó el protocolo aprobado por la Legislatura y hoy está judicializado en la Corte Suprema”.

“Ni la Legislatura ni el movimiento de mujeres tienen por qué esperar un fallo judicial, se puede resolver ya mismo en una sesión extraordinaria pedida por los diputados que acuerden con la adhesión al protocolo”, explicó y destacó que ya se encuentra recolectando las firmas necesarias para poder realizar la convocatoria, aunque hizo un “llamado especial a los bloques que se han manifestado a favor del protocolo, como el Frente de Todos y UCR-Evolución, con los cuales junto con la izquierda llegaríamos a la mayoría necesaria para aprobarlo”.

En los fundamentos de la medida, Solano resaltó que la nueva resolución “considera incuestionable la decisión de la persona gestante, no pudiendo ser sometida a juicios de valor derivados de las consideraciones personales y religiosas de los profesionales de la salud” y destacó que “pondera el principio de autonomía en base a una información veraz, adecuada y completa”.

Asimismo detalló que el texto publicado en el Boletín Oficial “desarrolla el causal ‘salud’ desde una perspectiva integral, contemplando las dimensiones de salud mental, social y física; en este sentido, incorpora factores de vulnerabilidad social y violencia basada en género. También abarca a las personas con discapacidad, hoy excluidas permanentemente de este derecho” e indicó que hace especial énfasis en “la importancia de la accesibilidad, la práctica no puede ser judicializada ni obstaculizada, y establece un plazo para la efectivización de la ILE cuando fuera solicitada”.