El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, fue el primero en exponer este miércoles ante un plenario de comisiones de Diputados que trata la ley ómnibus enviada por el Gobierno. Para referirse a la emergencia social, el funcionario remarcó que la ley posibilita “poner en marcha el plan Argentina contra el Hambre”.

Además, el ministro sostuvo que con esta norma se podrá “ir a un esquema de política social bien federal y de abajo hacia arriba” en el que se pueda “fortalecer el trabajo con provincias y municipios”. Y dijo que el proyecto permite “un plan de reconstrucción del trabajo, asistencia alimentaria, crédito no bancario, apoyo a los niños y mayores, política de ayuda a los mayores de 45 años que están sin empleo”.

Arroyo comenzó su exposición brindando cifras sobre la situación social y, en ese sentido, destacó que “las proyecciones marcan que a fin de año vamos a tener casi 60% de pobreza en los niños” y “la pobreza va a ir cerca del 40%”. Otro “dato impactante” que detalló fue que “mes a mes baja el consumo de leche” y “hay un problema serio de hambre y de mal nutrición”.

Señaló también que “en los últimos 60 días hay cerca de 20% más de personas en los comedores comunitarios, producto de la última devaluación y el aumento de los alimentos”. “Hay un empobrecimiento generalizado”, continuó y consideró: “La emergencia desde mi punto de vista es evidente, lo mismo que el empeoramiento de la situación social”.

El funcionario defendió que “la ley plantea un conjunto de acciones” pero “la más importante es lo que llamamos el plan de Argentina contra el Hambre”, el cual tiene entre sus objetivos que “todos accedan a la canasta básica de alimentos”. En referencia a este tema destacó la puesta en marcha de la tarjeta alimentaria, que este miércoles se lanza en la ciudad de Concordia.

“Esta ley y la emergencia social lo que nos posibilita es poner en marcha el plan Argentina contra el Hambre, como primera medida central”, enfatizó y además expresó que con la norma se buscará “fortalecer el vínculo entre planes sociales y trabajo”.

El ministro explicó que el plan tiene que como intención que el acceso a la canasta básica genere también el desarrollo de la producción de alimentos, al igual que “al armar un sistema de créditos no bancarios para máquinas, herramientas e insumos y bienes de capital” se busca “poner en marcha el proceso productivo”.

Al momento de las preguntas, la radical Brenda Austin consultó sobre la actualización de la Asignación Universal por Hijo y cuál era “el compromiso del Gobierno, de palabra, porque no está en la ley” sobre el cambio de la fórmula de movilidad. Sin demasiadas precisiones, Arroyo resaltó que “se está estableciendo un período para revisar y rearmar lo que es el sistema de movilidad” y destacó que no existe “congelamiento de AUH ni jubilaciones”.

En respuesta a Romina Del Plá (FIT), el titular de la cartera de Desarrollo Social negó la precarización de los jóvenes al sostener que “claramente el objetivo es fortalecer el empleo formal y, en ese esquema acompañar, capacitar, armar una red de tutores”.

En tanto, la radical Karina Banfi preguntó por la superposición de algunas medidas contempladas en este proyecto con la prórroga hasta 2022 de la emergencia alimentaria sancionada en septiembre pasado. “Lo que va a haber es una articulación, no una superposición. Estamos reasignando partidas presupuestas con los instrumentos que tenemos, no utilizamos los fondos de la ANSeS, de los jubilados. No vamos a superponer planes alimentarios”, dijo.