Para muchos, la baja de la coparticipación porteña podrá ser una prueba de la persistencia oficialista en “castigar” al electorado que le dio la espalda en los comicios. Lo cierto es que la medida se enmarca dentro de la necesidad del Presidente de atender los requerimientos de su principal socia.
Por José Angel Di Mauro
La carrera política del hoy Presidente de la Nación se cimentó en la Ciudad de Buenos Aires. Distrito históricamente adverso al peronismo, pero muy bien conocido por Alberto Fernández que llegó a ser incluso legislador porteño. No por el peronismo, sino por el partido de Cavallo, cuando el exministro de Economía armó con Gustavo Beliz una sociedad electoral. Suele recordarse que cuando el hoy mandatario asumió en 2003 como jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, asumió en su lugar como legisladora la polémica Elena Cruz, admiradora de Jorge Rafael Videla que justamente murió la última semana a los 93 años de edad.
Llama la atención que siendo él de ese distrito y de allí muchos de sus principales colaboradores, se haya descolgado esta semana con la decisión de bajarle la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nada que sorprenda, no obstante, pues hubo en la previa sobrados gestos que sirvieron para preparar el terreno de lo que se venía. No por nada Horacio Rodríguez Larreta fue a verlo a Alberto Fernández cuatro días antes de que este asumiera. Esta última semana el jefe de Gobierno fue a la Rosada a hablar con Eduardo “Wado” De Pedro. Hubo también una reunión de alto nivel del vicejefe Diego Santilli con un encumbrado funcionario para hablar del tema coparticipación.
Pero se veía venir ya desde que en campaña comenzó a menearse el tema de una eventual reducción del porcentaje que percibe la Ciudad. Lo sugirió el propio Fernández, hasta que su candidato a jefe de Gobierno, Matías Lammens, le imploró que dejaran de agitar el tema porque lo perjudicaba directamente. Eran los tiempos del “si vos querés, Larreta también”, y no se volvió a sacar el tema… hasta que tres días después de la asunción del nuevo gobierno nacional, la ya vicepresidenta de la Nación se despachó en La Matanza contra la concentración de “riquezas” en la Capital Federal.
Al acompañar la asunción de Fernando Espinoza como intendente, la exmandataria trazó paralelismos entre la provincia de Buenos Aires y CABA, donde -dijo- “hasta los helechos tienen luz y agua”, contrastándolo con el Conurbano, donde “chapotean en agua y barro”. En ese contexto habló de “un modelo que concentra aún más la riqueza, construye un fantástico túnel para que a los vecinos de Puerto Madero no los molesten los camiones, mientras se inunda media provincia cada vez que llueve”. Uno de esos vecinos era hasta el 10 de diciembre Alberto Fernández.
Eximia oradora, bien sabemos que Cristina Fernández de Kirchner tiene por costumbre ir construyendo un relato como preludio de actos posteriores. Esta semana, en su primera visita al interior como presidente para inaugurar obras, Alberto fue al Chaco -provincia gobernada por uno de los preferidos de su compañera de fórmula- y allí el Presidente dejó más claro lo que se venía, al recordar que venía “de una ciudad rica y opulenta, donde cada noche más de 7 mil personas deambulan y buscan los techos de un banco donde ampararse. Yo no quiero más vivir en ese país, yo quiero vivir en un país en donde todos tengan el mismo derecho”.
Los fondos a los que le apunta el gobierno nacional fueron otorgados por el presidente Mauricio Macri a principios de 2016 a través de un decreto que incrementó la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires como compensación por el traspaso de parte del personal de la Policía Federal. Nada que no prevea la Carta Magna porteña en su artículo 9°, en el que establece que son recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “los fondos reasignados con motivo de las transferencias de competencias, servicios y funciones, en los términos del artículo 75, inciso 2°, quinto párrafo de la Constitución Nacional”. Y en efecto, la Constitución Nacional dice en el referido artículo que “no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la Ciudad de Buenos Aires en su caso”.
En 2016 el gobierno de Macri dispuso también a través de un DNU un incremento presupuestario de 76 mil millones de pesos para financiar obras públicas, en su mayoría en la Ciudad de Buenos Aires. Tal fue el enojo que ese decreto generó en la oposición que en ese momento se congeló la fractura que maduraba en el seno del kirchnerismo, que encontró allí un factor común para aglutinarse. Entonces el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, prometió un decreto aclaratorio que nunca se firmó.
“Quiero ratificar una vez más mi vocación de seguir manteniendo un diálogo constructivo e institucional con el gobierno nacional”, tuiteó el viernes Horacio Rodríguez Larreta, que no quiere hacer de la pelea con Nación una bandera electoral pensando en su eventual candidatura en 2023. Su relacionamiento con el gobierno de Alberto Fernández no será como el que Mauricio Macri tuvo con CFK; ese al menos es su objetivo, de ahí que la discusión por la coparticipación pasará por el terreno de la negociación, sin romper lanzas. No es el estilo de HRL.
Cuesta pensar en la embestida que le costará unos 35 mil millones de pesos a la Ciudad de Buenos Aires sin tener en cuenta como inmediato antecedente el recorte impuesto por la oposición al proyecto de reforma impositiva impulsado por Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, al que la oposición modificó, restándole según la vicegobernadora Verónica Magario unos 10 mil millones de pesos.
Tras el fracaso del primer intento de aprobar la ley, entre las fiestas de fin de año, se apuntó cierto desdén de la tropa propia, facturas que le atribuyeron a algunos intendentes molestos con las actitudes del gobernador. Para esta oportunidad se dispuso toda la artillería, incluidas conversaciones del propio Presidente de la Nación y hasta contactos de la vicepresidenta desde Cuba. Así y todo el gobernador debió ceder, de ahí las modificaciones introducidas al proyecto original, tras lo cual Kicillof no ocultó su fastidio. La sesión de Diputados en la que se aprobó la ley no había concluido, cuando el exministro de Economía ya había publicado un hilo de Twitter donde aclaraba su desacuerdo con los cambios.
Durante el debate, varios legisladores massistas hoy integrados al Frente de Todos recordaron a modo de reproche que en el pasado reciente le aprobaron a María Eugenia Vidal todas las leyes que necesitó. Digamos todo: la gobernadora de Cambiemos tuvo con la oposición bonaerense una postura muy cercana, fundamentalmente con el Frente Renovador, al punto de haberle delegado la presidencia de la Cámara de Diputados en su primer año. El gobierno nacional también contó con ese sector como aliado estratégico los dos primeros años, hasta que la relación con Massa se rompió definitivamente. Vidal en cambio no cortó nunca los puentes con ese sector. Si hasta el laboratorio del vidalismo llegó a especular con una eventual alianza provincial con el líder del FR para las elecciones de 2019 -cuando Massa todavía no había formalizado su acercamiento al kirchnerismo-, que fue rechazada por la Casa Rosada.
La actitud del gobierno nacional respecto de la oposición es bien distinta a la del gobernador bonaerense. Alberto Fernández privilegia el diálogo, más allá de que exista una deliberada actitud oficial de criticar las políticas del gobierno anterior. Más allá de la economía, que hasta el propio Cambiemos admite como desastrosa. Ya la semana pasada hicimos referencia al debate sobre el aborto en 2018, que el presidente actual calificó de malo; los últimos días sumaron críticas a la política de seguridad, a la de transporte y a la de obras públicas. Y con la anuencia de los gobernadores se habla de establecer “un verdadero federalismo”, como para contrarrestar una de las banderas del macrismo respecto de que casi todas las provincias llegaron a ser superavitarias durante su gestión.
Amén de ello, Fernández debe hacer equilibrio en el marco de una alianza tan diversa como es el Frente de Todos, donde el cristinismo impone determinadas políticas y hace valer sus posturas. La política exterior es un ejemplo y quedó bien claro esta última semana cuando el gobierno debió hacer equilibrio frente a los graves incidentes registrados en Venezuela. El episodio sirvió para que la administración de AF pudiera marcar diferencias respecto del régimen de Maduro, aunque haciendo gala de ese equilibrio que lo llevó a tomar distancia respecto del Grupo de Lima y diferenciarse no caracterizando como “dictadura” al gobierno de Caracas. El episodio le sirvió para recibir un elogio medido desde Estados Unidos, aunque después el gobierno argentino desconoció a la embajadora de Juan Guaidó en la Argentina. Zigzagueos que le permiten a la gestión albertista afirmarse en una tercera posición que es donde busca instalarse.
