Para el senador de Juntos por el Cambio, si la motivación del Gobierno Nacional es política, “no sólo se avasallará la institucionalidad sino que se incurrirá en un severo error de diagnóstico”.
El senador nacional Martín Lousteau advirtió que el Gobierno Nacional “planea avanzar fuertemente sobre los recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, bajo el argumento de “forzar a CABA a ser más solidaria”.
El excandidato a jefe de Gobierno reconoció que la Ciudad es un distrito “próspero”, pero aclaró que tal prosperidad “es abrumadoramente proveniente de la actividad privada. Es sobre ésta última que se recaudan los impuestos, tanto locales como nacionales (que van a la Nación y luego al resto de las provincias a través de la coparticipación)”.
En ese marco, aseguró que “es, por lejos, el distrito que más aporta a la recaudación nacional. En 2019 esa contribución para con el resto del país equivalió en promedio a $420.079 por cada porteño, una cifra que es entre dos y diez veces mayor al de las otras 23 jurisdicciones. Pero además, la Ciudad financia el 72% de su gasto público con recursos propios, un valor muy superior al de otros distritos”.
“Hasta hace poco el porcentaje era inclusive mayor -agregó-. Pero al transferirse la responsabilidad por la seguridad se transfirieron desde la Nación también los recursos, tal como prescribe la Constitución Nacional de 1994. En el ranking de autoabastecimiento de ingresos públicos la sigue la provincia de Buenos Aires (gran perjudicada por la coparticipación y el congelamiento del Fondo del Conurbano que el kirchnerismo no resolvió en 12 años) con un 41%. Todo el resto presenta números marcadamente inferiores: Tierra del Fuego el 20%, Neuquén el 26%, Santa Cruz el 19%, La Pampa el 20%, Formosa el 6% y Catamarca el 9%, por citar sólo algunos”.
En una columna publicada por el senador nacional en Clarín, Lousteau aclaró que “el gasto público en la Ciudad no es más alto que en el resto del país”, para remarcar luego que en los últimos cuatro años el Gobierno de la Ciudad “inauguró medio centenar de escuelas, urbanizó barrios, llevó adelante importantes obras en materia de salud y recibió la transferencia de la Policía mejorando notoriamente la seguridad, entre otras cosas”.
Lousteau enfatizó que la Ciudad “no está entre los primeros puestos en materia de presupuesto por habitante (está séptima) y sólo solventa por sí misma una gran proporción de su gasto público y hace los mayores aportes hacia la Nación y otras jurisdicciones. Vale la pena recordar además que, por tener estatus de provincia y ser al mismo tiempo un municipio, el Gobierno de la Ciudad debe atender responsabilidades por partida doble: la salud, la educación y la seguridad (desde que tuvo lugar la transferencia) por un lado, pero también el mantenimiento de plazas y veredas, la iluminación, el ordenamiento del tránsito o la recolección de residuos. Y estos servicios no se brindan únicamente para los porteños. Todos los datos y conceptos hasta aquí vertidos son públicos por lo que, frente a la intención presidencial, resulta atronador el silencio de tantos dirigentes porteños que hoy ocupan despachos en el Gobierno Nacional”.
Por otra parte, el senador radical reconoció que los porteños podrían estar dispuestos a hacer contribuciones adicionales en tiempos de urgencias, pero alertó que si “la motivación del Gobierno Nacional es puramente política, y no sólo los premios sino también los castigos se distribuirán en función de las afinidades partidarias, no sólo se avasallará la institucionalidad sino que se incurrirá en un severo error de diagnóstico”.
“Hoy estamos condenando a un 35% de los argentinos a ser pobres. Y a la clase media a pagar cada vez más impuestos y recibir cada vez menos bienes y servicios públicos, mientras se aferra hasta con lo que puede a la pared para no caer también en la pobreza”, expresó.
Martín Lousteau concluyó recordando que “cuando en campaña el actual presidente esbozó que planeaba reducir lo que recibe la Ciudad, pregunté si eso era una propuesta de reordenamiento fiscal federal que teníamos que debatir entre todos o si lo que se pretendía era condicionar la capacidad que puede tener una jurisdicción para gestionar dependiendo del color político. A pesar de las promesas de cerrar la grieta y de trabajar los consensos para poner a la Argentina de pie, la respuesta a esa pregunta tan sencilla todavía está pendiente”.
