El exvicepresidente de la Nación Julio Cobos presentó en el Congreso un proyecto de ley con un paquete de medidas para mitigar el impacto de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, en el sector turístico, en las Pymes y en las economías regionales.

Al respecto, Cobos explicó que “estamos ante una crisis sanitaria que se suma a una crisis económica que nuestro país arrastra desde hace tiempo. Por eso con esta iniciativa queremos defender las fuentes de trabajo, nuestras empresas y nuestra economía. Hoy en día, el turismo receptivo y emisivo es prácticamente nulo, hay muchas familias que dependen de esta actividad por lo cual, hasta que la situación se normalice, el sector financiero que tanto ha ganado en los últimos tiempos debe hacer un esfuerzo para colaborar con la situación de las empresas y  preservar el empleo; esto en completa  sintonía con el pedido que realizó el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez”.

La iniciativa comprende dos aspectos básicos: políticas activas del Estado frente a la emergencia y el establecimiento de reglas de juego permanentes entre el fisco y las pymes respecto a los atrasos en los pagos impositivos. En cuanto al problema de las emergencias y el rol del Estado para frenarlas, puntualiza el senador mendocino, “se establecen medidas para los afectados por este contexto, como la prohibición de embargos por parte de la AFIP de saldos bancarios o designar recaudadores en las empresas y la prohibición de cortes de servicios públicos mientras dure esta situación excepcional. También se solicita que se brinden préstamos mensuales por la mitad de la nómina salarial durante la emergencia, a devolver una vez terminada la misma en caso que no se realicen despidos y se disponen beneficios en la devolución del préstamo si se mantiene la cantidad de empleados registrados. Reitero, el objetivo es preservar el empleo mientras dure esta crisis global”.

Además, el legislador radical comentó que “faltan planes de carácter general para abonar deuda judicializada con mayor plazo que las no judiciales. Por eso  establecemos instrucciones para el modo de la ejecución fiscal, dónde se impide los embargos en el sistema financiero previos a la sentencia, permitiendo embargar otros bienes; algo que no estaba incluido en el marco de la emergencia fiscal. Asimismo, establecemos que las obligaciones tributarias impagas deberán ser iniciadas como mínimo a partir de los 120 días en las pymes más grandes, y a 270 días del año siguiente al de la mora para las pymes más pequeñas. De esta manera, se evita que las ejecuciones fiscales de la AFIP reemplacen a las gestiones por mora temprana”.

Por último, el senador mendocino dijo que “el Estado debe cuidar a los sectores más pequeños de la economía y brindarle las herramientas para que, cuando se supere la emergencia, estén de pie y dispuestos a reactivar el entramado productivo. Es por ello que solicitamos también que se duplique el límite de las tarjetas de crédito y de los acuerdos de cuenta corriente mientras dure la emergencia; se otorguen préstamos blandos a PYMES y se brinden subsidios del Estado a la tasa de interés”.