El diputado nacional Álvaro de Lamadrid presentó un proyecto en el que propone que toda entidad financiera o prestadora de crédito, ya sea pública o privada, formal o informal, no pueda tener, durante la vigencia de la emergencia 27.541 y las medidas posteriores dispuestas por Covid 19, una ganancia superior al 20%.  

“El tope del 20% anual se aplicará incluidos los intereses ordinarios, moratorios, punitorios y de otorgamiento de créditos”, aclaró. 

“Coincido absolutamente con la idea expresada por el presidente de la Nación Alberto Fernández, cuando señaló que los que más han ganado en estos años tienen que ganar, ahora, un poco menos”, señaló el legislador radical, y añadió: “Esa idea no debe estar dirigida sólo a los empresarios y excluir al sistema financiero y prestadores de crédito, que son por otro lado quienes verdaderamente más han ganado por años. En muchos casos rentas extraordinarias y desorbitantes”.  

En este sentido, el diputado porteño indicó que lo que propone “es una ley de complementariedad que viene a sumar a un sector clave para armonizar el todo. Se busca un equilibrio, para que las entidades financieras puedan cobrar y la gente pueda pagar. La ley es un remedio transitorio y provisorio ante el estado de excepción, porque la vigencia de la ley está atada a lo que dure la emergencia económica, sanitaria y su eventual prorroga”. 

“El proyecto propone la creación de una comisión bicameral para hacer el control y seguimiento”, y resaltó que “la ley entra en vigencia a partir de su sanción”. 

En el primer artículo de la iniciativa se establece la creación, “en el ámbito del Poder Legislativo de la Nación, de la Comisión Bicameral de Intereses, la que tendrá a su cargo establecer la ‘renta necesaria’ de las entidades financieras, la que en ningún caso podrá superar el veinte por ciento (20%) anual mientras dure la Emergencia prevista en la Ley 27541, disposiciones legales concordantes y sus eventuales prórrogas”. 

De Lamadrid dejó en claro a quienes abarca el proyecto: “Es aplicable a todas las entidades financieras, bancos, cooperativas, financieras, mutuales, incluye a tarjetas de créditos, y a toda otra que funcione con mutuos, otorgue créditos, o sirva como herramienta de compra y pago, cualquiera sea su nombre o denominación, sean entidades públicas o privadas, formales o informales”.  

El diputado explicó “que el objetivo principal de esta propuesta es darle algo más de oxígeno a quienes hoy más lo necesitan: los trabajadores, comerciantes y pequeños empresarios, porque se encuentran ante el inminente peligro de quedarse sin trabajo, de quebrar o de verse obligados a cerrar sus negocios”. 

Y finalizó: “¿Qué perseguimos a través de la sanción de la presente ley? Resolver una asignatura pendiente que sea una solución para la gente, dado que esto abarca a un universo sustantivo de la población. Una solución de la que no se habla. Es una ley necesaria para que se establezcan intereses razonables durante la transitoriedad de la emergencia a la actividad financiera”.