Diputados nacionales reclamaron al Gobierno que amplíe el sistema de recepción de denuncias por incumplimiento de la ley que garantiza a toda persona gestante su derecho a un parto humanizado, con “el debido respeto a los tiempos biológicos y la intimidad, sin discriminación y bajo todos los cuidados e información necesaria”, y con la posibilidad de estar acompañada durante el mismo, junto al bebé desde el momento del nacimiento, frente al contexto de la pandemia mundial por el Covid 19.

Se trata de un proyecto de resolución presentado por la diputada de Juntos por el Cambio Camila Crescimbeni en el marco de la semana mundial del parto humanizado, que apunta a ampliar los canales de denuncias en ese sentido para el cumplimiento de la ley. Complementariamente a esta iniciativa, también fueron presentados otros dos proyectos por las diputadas Gisela Scaglia y Dina Rezinovsky.

“Las distintas medidas sanitarias implementadas, como protocolos de acción en hospitales y clínicas, no deberían ir en contra de los derechos consagrados. Toda mujer o persona gestante tiene derecho a un parto humanizado y a que se respeten sus derechos, así como los de su hijo/hija como sostiene la Ley 25.929/04”, expresó la legisladora.

Vale mencionar que, en Argentina el derecho a un parto respetado está garantizado en la Ley 25.929 sancionada y promulgada en 2004 y reglamentada en 2015. La misma defiende los derechos de las personas que estén por dar a luz, así como los derechos de los recién nacidos y sus familias al momento del trabajo de parto, parto y post parto.

Si bien la mayoría de las provincias adhieren a la mencionada Ley nacional y registran progresos en materia de violencia obstétrica, cabe destacar que, en la provincia de Buenos Aires, en Catamarca y Formosa no existe la adhesión de manera explícita ni otra ley similar sancionada.

“Es fundamental trabajar en este sentido, ya que la correcta implementación de la ley garantizará los derechos reconocidos en la misma, especialmente a los grupos vulnerables, reflejando la voluntad y política de los gobiernos a velar por los derechos las personas gestantes y de sus bebés antes, durante y después del parto”, apuntó Crescimbeni.

Si bien en los últimos años se han logrado grandes avances en materia de garantía de derechos en los servicios de salud, se siguen registrando denuncias por violencia obstétrica.

Informes de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires (2017) arrojan más de 110 denuncias vinculadas a la vulneración de derechos durante el embarazo y el parto, donde el 54% de estas presentaciones corresponde a hechos ocurridos en hospitales públicos y el 46% al sector privado. Las denuncias más frecuentes apuntan a la falta de información, al maltrato verbal y psicológico, a las prácticas médicas invasivas y la imposibilidad de estar acompañadas en el momento del parto.

La legisladora pidió al mismo tiempo “entender a la violencia obstétrica como una práctica de violencia hacia la mujer, ejercida por el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos”.