Asociaciones de consumidores reclaman una ley de emergencia turística más amplia

Más de 22 asociaciones de todo el país firmaron un comunicado en rechazo del proyecto que ya cuenta con media sanción, y que este martes tratará la Cámara baja.

Asociaciones de consumidores rechazaron el proyecto que la Cámara de Diputados tratará este martes, respecto a la emergencia Turística, y solicitaron que se modifique “respetando los principios constitucionales y legales del derecho de los consumidores y usuarios”. 

El proyecto, que ya cuenta con media sanción en el Senado, regula la responsabilidad de las empresas turísticas con los consumidores que pagaron todos los pasajes, hospedajes y paquetes turísticos contratados, y que no se cumplieron por el Covid-19 y la política pública de salud. 

Pero las asociaciones de consumidores reclaman que “no fueron siquiera convocados en ese debate”, y que la solución que las empresas impusieron “es la misma que vienen empujando en todas las áreas de la economía y hace muchos años: romper con la solidaridad de la cadena de comercialización del artículo 40 de la LDC”. 

“Las empresas siempre plantean las dificultades, los problemas procesales y distintos motivos, por los cuales las divisiones de responsabilidades que ellos pactan con sus propios proveedores, deben estar cubiertos de los consumidores. Ellos pautan como dividir la responsabilidad y que el consumidor se arregle por su lado”, indican en un comunicado firmado por 22 asociaciones de consumidores de todo el país. 

En este sentido, sostienen que “se borra de un plumazo, el principio sostenido en la Ley de Defensa del Consumidor. La negación de derechos es evidente”, y que “no conformes con eso el proyecto aclara que, en el caso del turismo estudiantil, la propia autoridad de aplicación resolverá esto por su cuenta, en clara violación a los principios de la LDC (opción por parte del consumidor). El PE resolverá apartarse de la ley de defensa del consumidor, unilateralmente. Y los incumplimientos a lo establecido en la ley, se resolverán ante la autoridad regulatoria de las agencias turísticas, y no ante las oficinas de defensa del consumidor”. 

“Este proyecto rompe los principios de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, atenta contra este derecho constitucional y abre la puerta a que se replique este mecanismo en otras áreas de la actividad económica”, concluye la misiva. 

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