El proyecto fue sancionado con 140 votos a favor, 104 en contra y una abstención. Se trata del acuerdo firmado entre Nación y 21 provincias. Un puñado de diputados de Juntos por el Cambio acompañó al oficialismo.
En un breve debate, la Cámara de Diputados convirtió en ley el Consenso Fiscal 2020, firmado entre el Gobierno nacional y 21 provincias en diciembre del año pasado. El proyecto recibió 140 votos a favor, 104 en contra y una abstención -del radical tucumano José Cano-.
La iniciativa había quedado pendiente de aprobación cuando en la última sesión, del 19 de mayo, se aplazó el tema, luego de varias horas de debate.
Al Frente Todos lo acompañaron bloques provinciales y aliados, pero también un puñado de legisladores de Juntos por el Cambio, que responden a sus gobernadores. Se trata de la correntina Sofía Brambilla (Pro); y los jujeños Gabriela Burgos, Jorge Rizzotti (UCR) y Osmar Monaldi (Pro).
Votaron a favor los diputados del Interbloque Federal, del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, del bloque Acción Federal y el Movimiento Popular Neuquino. En tanto, en contra lo hizo Juntos por el Cambio, el Partido por la Justicia Social y la izquierda.
El nuevo documento, que fue suscripto el 4 de diciembre de 2020, modifica el Consenso Fiscal 2017 y sus adendas de 2018 y 2019. Fue firmado por todos los gobernadores, excepto Sergio Ziliotto (La Pampa) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis), dos provincias que no habían adherido originalmente. Tampoco se sumó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
A través del nuevo pacto, se suspenderán hasta el 31 de diciembre las exenciones y reducciones impositivas que habían sido pactadas en 2017, debido a la pandemia del Covid-19 y la necesidad de mayor recaudación de las jurisdicciones.
A su vez, se le permitirá a las provincias tomar deuda en pesos y se limitará el endeudamiento en dólares. Asimismo, se suspenderán por un año las demandas judiciales contra el Estado Nacional, uno de los motivos por los cuales Rodríguez Larreta, que presentó una demanda ante la Corte Suprema por el recorte en la Coparticipación a partir de la ratificación del convenio de traspaso de la Policía Federal, se negó a firmarlo.
En ese sentido, también se establece que la transferencia de servicios, competencias y funciones de Nación a provincias ya no será a través de la Coparticipación, sino de partidas presupuestarias.
Miembro informante del oficialismo, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, detalló los puntos del Consenso, el cual destacó que ya fue “ratificado por 16 provincias” en las Legislaturas locales, y está siendo tratado por otras dos.
Y defendió que “ante la situación de pandemia se evaluó conveniente suspender las obligaciones en materia de exenciones y escalas de alícuotas máximas” para los impuestos de Ingresos Brutos y Sellos.
En contra del proyecto, el radical Luis Pastori aseguró que este nuevo acuerdo “lesiona a los intereses de los contribuyentes, especialmente en cuanto a los impuestos de Ingresos Brutos y Sellos, que son los más gravosos y de los más regresivos que tiene el sistema tributario de la República Argentina”.
El misionero explicó que este nuevo documento va en contra del Consenso Fiscal de 2017, que “buscaba que las provincias vayan teniendo una baja gradual” de estos impuestos, de modo de llegar, en algunos casos, “en 2022 a una alícuota 0 de Ingresos Brutos”, excepto para algunas operaciones.
Asimismo, el legislador agregó que “tenemos que poner todos los esfuerzos en disminuir la presión impositiva, no en aumentarla”, y puso como ejemplo “lo que está pasando ahora con el monotributo” y la marcha atrás que debe dar el Gobierno. Entonces, abogó que “el próximo año podamos volver a tener esta marcha virtuosa de bajar la presión impositiva en estos impuestos provinciales”.
Por la Izquierda Socialista, el diputado Juan Carlos Giordano lamentó que “para nada en este Consenso Fiscal hay un beneficio para el pueblo trabajador”. “Si hay un impuesto nocivo, espoleador, regresivo, inequitativo, es el IVA, que es el que más recauda y que lo paga el pueblo en un 21%, uno de lo más altos del mundo”, resaltó.
Y se preguntó: “¿En la emergencia hay un impuesto para las grandes ganancias de los bancos, las multinacionales, los terratenientes, laboratorios? Nada”.
Por último, la tucumana Beatriz Ávila sostuvo que este nuevo acuerdo genera “más inseguridad jurídica” y va “en contra de la inversión, del trabajo”, al dejar “sin efecto medidas que estaban orientadas a mejorar el perfil competitivo de nuestras alicaídas economías provinciales”.
“Estamos retrocediendo”, afirmó la diputada de Partido por la Justicia Social, y añadió: “Me parece preocupante que la Nación entregue a las provincias esta herramienta para oprimir aún más a los contribuyentes, a las pequeñas y medianas empresas y, sobre todo, a los consumidores. Por eso voy a votar en contra”.
