Las compañías aseguradoras sufren embargos preventivos u otras medidas cautelares sobre sus patrimonios, como práctica judicial habitual, sin que se tengan en cuenta los estrictos parámetros de control de solvencia a los que están sometidas.  

El control del Estado ejercido a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación garantiza que las empresas que operan seguros tienen las reservas suficientes y cumplen con los capitales mínimos para hacer frente a los siniestros recibidos; en cualquier estadio en el que se encuentren.  

Sin embargo, y de acuerdo con un relevamiento surgido de los propios aseguradores, esta práctica inmoviliza aproximadamente $5,000 millones entre los operadores de seguros patrimoniales. De estos, más del 80% se encuentra inmovilizado en cuentas de las aseguradoras, sin posibilidades de inversión y en muchos casos con trámites muy engorrosos para sustituirlos por otros activos o garantías. 

Esta paralización de fondos implica un gran perjuicio para la actividad económica, tanto de las compañías como del país en general, ya que al ser mercado asegurador unos de los principales inversores institucionales en el Estado, no se permite que ese dinero sea utilizado para inversiones de calidad que garanticen a las Aseguradoras el valor del mismo como tampoco formar parte de la cadena productiva a través de su inversión. De esta manera, atentan contra la sostenibilidad de la actividad. 

También debe destacarse que este bloqueo de fondos afecta al normal desenvolvimiento del pago de siniestros que cumplen día a día las compañías tanto a asegurados como terceros reclamantes. 

Es importante resaltar que, durante el ejercicio cerrado a junio 2020, (comprende el período Julio 2019 / Julio 2020), en la República Argentina fueron denunciados de 2,6 millones de siniestros, de los cuáles 1,3 millones corresponden a daños y lesiones a terceros por accidente. Durante ese período, la tasa de judicialización sobre los siniestros estuvo por debajo del 2%.   

Es decir que el 98% de los casos son liquidados por las aseguradoras en distintas etapas sin la necesidad de la intervención de la justicia, demostrando el dinamismo y la voluntad de indemnizar de la actividad aseguradora. 

Desde la AACS apuntan: “Esta práctica, fundada en normas procedimentales, desconoce la situación de control patrimonial que ejerce la SSN y aplica a esos activos ya controlados una medida sobre abundante e innecesaria. Es claro que una medida de esta naturaleza trabada sobre los activos del asegurador no cumple función alguna y se agota en su misma ineficacia”.