Guillermo Castello sostuvo que “le van a cortar la posibilidad a muchas personas de generarse ingresos”, y que es “un gran ejemplo del odio a la libertad y el amor a la burocracia”.
El diputado bonaerense por Avanza Libertad Guillermo Castello criticó duramente el proyecto de ley que propone crear un registro único y obligatorio para trabajadores de plataforma en aplicaciones, y que ya cuenta con media sanción
El legislador sostuvo que “atenta contra los prestadores del servicio”, y estima que el proyecto “afectará las condiciones laborales y la competitividad de unos 80 mil bonaerenses, ya que incluye además a mensajeros y repartidores tradicionales”.
Según se informó, la ley alcanzará a “todas las personas humanas trabajadoras y trabajadores que ejecutan personalmente estas actividades a tiempo y jornada total o parcial, ya sea por cuenta propia o ajena, o bajo cualquier otra forma que haga presumir la existencia de una relación laboral dependiente”.
Por esto, para Castello se trata de “un proyecto absurdo, inconstitucional y contraproducente. Crea un Registro de ‘trabajadores’ de aplicaciones, pero afecta a mucha más gente. En realidad, son prestadores de servicios, con lo cual solo se logrará que haya menos contratados por los costos adicionales y por el riesgo de la industria del juicio laboral. Le van a cortar la posibilidad a muchas personas de generarse ingresos, de manera flexible en cuanto a dedicación y franja horaria”.
En este sentido, consideró que “legisla en sentido contrario a la ley de CABA, con lo que los repartidores serán empleados de un lado de la General Paz y autónomos del otro lado. Tiene la misma ‘utilidad’, por falta de una palabra mejor, que un registro de mozos y camareras o de choferes de taxis y remises. Es un gran ejemplo del odio a la libertad y el amor a la burocracia”.
Por último, el diputado resaltó que “el año pasado, en Suiza, se aprobó una ley similar y el 80% de los repartidores se retiró de la app Uber Eats. Algo parecido ocurrió en España, donde unos 10 mil ‘delivery’ abandonaron sus puestos; y esperan que ocurra lo propio en México, luego de una propuesta del Gobierno que va en esa misma línea. Es decir, son medidas que terminan atentando contra la ciudadanía”.
