Ante el riesgo cierto que existe respecto del abastecimiento de gas boliviano, la diputada Jimena Latorre pidió conocer los estudios de reservas comprobadas en ese país que garantizaron la construcción de un gasoducto desde ese país al nuestro.
La diputada nacional Jimena Latorre (UCR-Mendoza) solicitó que el Gobierno nacional informe sobre diversos puntos de política energética, en especial lo referente a la suspensión del contrato con Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB).
Latorre, a quien acompaña en esta iniciativa su par Pamela Verasay, pidió al Ejecutivo que ponga a disposición los estudios de reservas comprobadas en Bolivia que garantizaron la construcción del Gasoducto del GNEA y que informe cuál será la función del gasoducto GNEA sin abastecimiento de gas boliviano. También, saber el número de usuarios en alto riesgo de abastecimiento, detallando usuarios residenciales, comerciales e industriales en la región.
Por otra parte, pidió se comunique qué multas aplicaron a YPFB por incumplimiento de contrato y cuál fue el temperamento y las medidas tomadas por ENARSA ante la notificación de transformar en interrumpible un contrato de abastecimiento en firme como es el vigente y cuáles son las consecuencias de que YPFB deje de entregar gas firme en el próximo pico de consumo invernal.
Además, que se informe el cronograma de licitación y lo previsto para las obras de reversión del gasoducto del norte y los planes de contingencia para el abastecimiento de gas y centrales térmicas de generación eléctrica de la región centro y norte del país, afectada por la suspensión unilateral del contrato por parte de YPFB del contrato que mantiene con ENARSA.
“Más allá del perjuicio económico, la mayor incertidumbre viene por la seguridad del abastecimiento energético en el centro y norte del país”, sostuvo Latorre y reclamó que se ponga a disposición de la Cámara de Diputados de la Nación el texto de la sexta adenda suscripta entre ENARSA e YPFB.
