El Poder Ejecutivo envió este viernes a la Cámara de Diputados un proyecto de ley de Financiamiento Educativo que establece las bases para garantizar la inversión educativa, de tal manera que aumente anualmente, en un plazo de siete años, desde el 6% fijado por la Ley Nº 26.075, hasta alcanzar, en el año 2030, el 8 % del Producto Interno Bruto (PBI).

Esta inversión estará destinada, en un 6,5 % del PBI, a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años, la educación obligatoria y la educación superior de formación docente, y en un 1,5 % a la educación universitaria.

El proyecto que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Agustín Rossi y los ministros de Educación, Jaime Perczyk, y de Economía Sergio Massa, plantea, además, modificar la proporción del esfuerzo que realizan, por un lado, el Estado Nacional, y por el otro, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invirtiendo los porcentajes actuales, de tal manera que el 60%) sea financiado por el Estado Nacional y el 40% por las referidas jurisdicciones.

La iniciativa presentada incluye la necesidad de alcanzar la obligatoriedad de la sala de 4 años en el nivel inicial, conseguir la alfabetización en la escuela primaria con los agregados del uso de tecnologías de la información y de un segundo idioma, apoyar las iniciativas organizacionales en el nivel secundario para mejorar las tasas de permanencia y egreso, la creación de equipos de apoyo a la enseñanza, la erradicación del analfabetismo, la ampliación de la conectividad en todas las escuelas con la distribución de dispositivos informáticos y de libros, de tal manera que cada estudiante cuente con su libro y su computadora, alcanzar un máximo de alumnos y alumnas por sección o división en los niveles obligatorios, la integración plena de alumnos y alumnas con discapacidades, la mejora de las condiciones laborales y salariales de los y las docentes y de la infraestructura escolar, entre otras.

Por otro lado, el proyecto propone la incorporación de los institutos de educación superior, financiados principalmente por las jurisdicciones, diferenciándolos de las universidades nacionales, que son financiadas por el Estado nacional. En este sentido, los institutos de educación superior, y principalmente los de formación docente, se incluyen en el 6,5 % destinado a la educación obligatoria y a la cobertura de la educación de 45 días a 3 años. A su vez, los institutos superiores de formación técnica están comprendidos en las mejoras previstas para la educación técnica profesional.

También se ratifica la vigencia de la Ley Nº 25.053 y sus modificaciones, que establece la creación del Fondo Nacional del Incentivo Docente y del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente establecido por la Ley Nº 26.075, así como el objetivo de elaborar un Convenio Colectivo Marco que fortalezca el trabajo en los establecimientos educativos y mejore las condiciones laborales de los docentes.

Con el objetivo de garantizar la aplicación de la presente ley, se destaca el establecimiento de la obligación de generar información pública y accesible, así como también la creación de la Comisión de Seguimiento de la Inversión Educativa, con participación del Congreso de la Nación, integrantes del Consejo Federal de Educación, de las universidades y de los gremios docentes, la cual será responsable del seguimiento de los recursos invertidos y de los programas, actividades y acciones desarrolladas para cumplir con las metas propuestas. Constituye, además, un objetivo de principal interés, el cumplimiento de las obligaciones contraídas en los acuerdos alcanzados en el Consejo Federal de Educación sobre la planificación de la educación nacional.

Por último, se refuerza la necesidad de implementar en todo el territorio nacional un sistema de información y gestión escolar que permita contar, de forma regular y sistemática, con información nominalizada sobre las trayectorias educativas de los y las estudiantes. Asimismo, se propone implementar un Sistema Nacional de Evaluación que incluya operativos estandarizados y educación formativa, junto con la evaluación de programas educativos, el monitoreo del financiamiento a la educación por parte del Estado Nacional, los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.