La Legislatura porteña aprobó una iniciativa para incrementar las sanciones a los comercios que compren porteros eléctricos, picaportes y buzones de bronce que hayan sido robados.
Debido al aumento de los robos de objetos de bronce, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó una modificación al Código de Faltas para aumentar las sanciones para los comercios que adquieran elementos de ese material que hayan sido sustraídos de forma ilegal.
De esta manera, se sancionará a quienes adquieran metales sin la debida autorización y habilitación experimentarán un incremento significativo, según lo aprobado hoy en la sesión de la Legislatura porteña.
Es así que la modificación al Código de Faltas se enfoca específicamente en desalentar el robo de elementos de bronce, como porteros eléctricos, picaportes, buzones, y demás componentes de fachadas de edificios.
La presidenta de la Comisión de Justicia y legisladora de la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev), Inés Parry, detalló que la medida busca fortalecer la regulación en torno a la gestión de residuos sólidos urbanos (RSU). La reforma establece claramente que aquellos individuos que lleven a cabo actividades relacionadas con la gestión de RSU sin la correspondiente autorización y habilitación serán pasibles de sanciones, las cuales incluyen multas que oscilan entre mil y diez mil unidades fijas -es decir, entre 146.660 y 1.146.660 pesos-, además de la posibilidad de clausura o inhabilitación.
En ese sentido, la diputada planteó que “en términos prácticos, esto implica que cualquier persona involucrada en la gestión de residuos sólidos urbanos sin los permisos adecuados se enfrentará a multas considerables, así como a la posibilidad de clausura de su establecimiento”.
“Esta iniciativa tiene como objetivo principal combatir el robo de metales, especialmente aquellos utilizados en elementos arquitectónicos como porteros eléctricos, picaportes y buzones. Al aumentar las penalidades para los comercios que adquieran estos artículos de manera ilegítima, se espera disuadir eficazmente la participación en el mercado ilícito de metales, contribuyendo así a la preservación del patrimonio urbano y la seguridad en las comunidades”, sentenció.
