Sucedió en 2018, cuando comenzó a avanzar en el Congreso la norma para regularizar el dominio de más de cuatro mil barrios populares, villas y asentamientos en todo el país.
El recorte del impuesto PAIS que alcanza el programa de urbanización de villas dispuesto este lunes por el presidente Javier Milei alcanza un proyecto de ley aprobado en tiempos de Cambiemos.
Habría que remontarse a 2018 -5 de julio-, cuando con apoyo de toda la oposición, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley para regularizar el dominio de más de cuatro mil barrios populares, villas y asentamientos de todo el país. La iniciativa fue aprobada a las 2.26, al cabo de más de 14 horas de sesión. El resultado fue: 194 votos a favor.
El proyecto presentado originalmente por los oficialistas Mario Negri, Nicolás Massot y Elisa Carrió apuntaba a declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles donde están asentados los barrios populares -que en un alto porcentaje son tierras privadas-, con participación obligatoria de las provincias y municipios involucrados. Sólo serían alcanzados los barrios ya relevados e identificados en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana) y cuya propiedad no fuera del Estado Nacional.
Algunas voces que se escucharon en esa sesión. El entonces presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli, destacó que “el propósito de este proyecto es sumamente ambicioso”, ya que “regularizar el dominio significa que las personas que viven en estos barrios y que han construido sus casas van a acceder finalmente a la propiedad y a la parcela que ocupan, con todas las de la ley”.
Según el legislador del Pro, “al cabo de un tiempo” se busca que “no haya más barrios populares en los cuales sus habitantes no sean propietarios de la casa que habitan y la parcela en la que han construido”, y “ese objetivo implica lograr una mejora sustancial en la calidad de vida de los que menos tienen”.
A su turno, el radical Fabio Quetglas sostuvo que “este es el punto de partida de una política de dignificación y construcción de ciudadanía”, y elogió el RENABAP, al señalar que “es un recurso útil para sostener una política de hábitat digna”.
En el marco del prolongado debate, el sanjuanino Walberto Allende (Todos Juntos por San Juan) hizo una referencia precisa, al advertir que muchos oradores hablaban del acceso de la gente a “vivienda digna”, cuando en rigor la ley establece la “regularización dominial”. Por eso pidió no generar “falsas expectativas” por una norma que debe ser interpretada como el acceso al título de propiedad de las tierras ocupadas.
En ese debate, el entonces presidente del bloque FpV-PJ, Agustín Rossi, consideró que la ley que estaban a punto de votar era “un punto de inicio, no un punto de llegada”. Según palabras escuchadas en ese debate, la inversión representada por esa ley ascendía a 7.500 millones de dólares.
Cerró el debate el entonces presidente del bloque Cambiemos, Mario Negri, quien valoró “el día productivo” que había tenido la Cámara. “Ha sido un día de emociones”, dijo, en referencia a los temas aprobados ese día: el primero, vinculado a la donación de órganos, la ley Justina; también convirtieron en ley ese día la reparación económica para hijos de víctimas de violencia de género; la media sanción dada a una ley vinculada al Banco de Alimentos, y por último la regularización dominial. “El valor más importante que tiene es haber transitado dos años de relevamiento, sin choques, sin ideologizar el trabajo del Estado y las organizaciones sociales. Reconociendo que como en otros países de la región, comenzar un camino de recuperación dominial para quienes habitan ese pedazo de tierra son caminos que duran años”, señaló esa jornada el diputado radical.
En 2022, la prórroga
Cuatro años después, el 12 de octubre de 2022, la Cámara baja prorrogó el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana.
El proyecto fue aprobado por el pleno por 227 votos afirmativos, 2 negativos –Francisco Sánchez (Pro) y Carolina Píparo (Avanza Libertad)- y 3 abstenciones, de Gustavo Hein (Pro), Marilú Quiroz (Pro) y Carlos Zapata (Ahora Patria).
La norma aprobada ese día establecía la prórroga de la suspensión de los desalojos como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda por el plazo que dura la declaración de utilidad pública de 10 años.
Asimismo, extendía la declaración de la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares identificados en el ReNaBaP por el plazo de 2 años.
En la iniciativa se modificaba la integración del fideicomiso, de modo que también se pueda conformar con “bienes inmuebles que le transfiera en forma directa el Estado Nacional” y “bienes inmuebles que obtenga directamente el fideicomiso, sean los que integran el RENABAP u otros necesarios para cumplir con los objetivos de la ley”.
Y se incorporaba a la ley el artículo 18 bis, el cual indica que el 75% de los fondos del fideicomiso, como mínimo, tendrán que destinarse al proceso de urbanización; el desarrollo de infraestructuras necesarias para establecer condiciones en el hábitat y las viviendas; y otros destinos relacionados al acceso a la urbanización, integración socio urbana, la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano y/o regularización dominial.
