El diputado nacional Roberto Mirabella (UP – Santa Fe) junto a Ramiro Gutiérrez, Cristian Ritondo, Eduardo Toniolli, Facundo Manes, Rocío Bonacci, Mónica Fein, Esteban Paulon, Margarita Stolbizer, Carlos González D’Alessandro, Pamela Calletti, Leandro Santoro y Carla Carrizo, presentaron el proyecto de ley de Administración y Reutilización Social de Bienes Cautelados Y Decomisados.

La iniciativa busca establecer un sistema racional para la administración de bienes cautelados y decomisados en causas penales de competencia de la Justicia Federal, ya que la actual Ley 20.875 que regula la materia “ha devenido obsoleta en términos prácticos, en gran medida, por responder a un paradigma superado, en el cual los bienes objeto de secuestro en las causas penales, generan un problema básicamente por las dificultades de conservación”.

“En cualquier causa penal donde tiene intervención la justicia federal los bienes que se secuestran van a ser administrados por el Estado para poder ser depositados en cualquier organización de la sociedad civil o en cualquier repartición del Estado o que puedan ser también vendidos”, comentó Mirabella.

El santafecino argumentó que “los depósitos que la Policía Federal destinados a esos fines se hallan totalmente colmados, a punto tal que en la actualidad no sólo se dedica a ello un Edificio especial, sino también lugares del Departamento Central”, y agregó: “Por eso, proponemos una nueva legislación que provea un sistema racional de administración moderno, donde se respete el ejercicio de la jurisdicción, pero se excluya la arbitrariedad, y donde se asegure una gestión eficiente de los bienes sin sacrificar derechos y garantías”.

“Las causas penales que tienen que ver con la Justicia Federal son las relacionadas al contrabando, la trata de personas, el narcotráfico y el lavado de dinero. Todos los bienes que se secuestran en estas causas quedan depositados por años y no sirven para nada, quedan esperando hasta que se resuelva la causa, queremos que tengan utilidad social”, ratificó Mirabella.

Dentro de los principios rectores de la ley se encuentran: asegurar la conservación del valor y/o productividad de los bienes; garantizar la reparación integral de las víctimas; garantizar el decomiso y la pena pecuniaria; promover la reutilización social de los bienes a través de la participación ciudadana; y mantener la transparencia y equidad en la administración y el destino de los bienes.

Mirabella sostiene: “Desde este punto de vista, la pena es solo una parte: no puede pensarse la solución del conflicto penal sin que haya reparación. La necesidad de reparación muchas veces no se agota en las víctimas individualizadas en las causas penales, sino que se proyecta a colectivos más amplios. En especial el crimen organizado produce un daño supraindividual que también debe ser reparado”.

“Por eso incorporamos, en los casos en los que sea posible, la alternativa de reutilizar socialmente los bienes. De este modo, la ciudadanía organizada participa de la solución del conflicto, lo que no solo produce su empoderamiento frente al crimen, sino que completa la labor judicial y posee gran valor simbólico”, explicó.

Para permitir una administración eficiente, el proyecto contempla la creación de una agencia especializada sujeta a control parlamentario, tal como sucede actualmente en países como Italia, Francia, Bélgica, Países Bajos, Bolivia, México y otros de la región. Esta será la encargada de custodiar, administrar, asignar y eventualmente disponer de los bienes cautelados y decomisados por autoridad judicial, que conservará sus potestades decisorias y facultades de control.