Un extenso pedido de informes presentado por Daniel Gollán y otros legisladores apunta a esclarecer el funcionamiento del sistema de patentes en Argentina, tras el reciente cambio de estatus del INPI y en medio de crecientes tensiones por el acceso a medicamentos.
El diputado nacional Daniel Gollán (UP) presentó un proyecto de resolución que solicita al Poder Ejecutivo un informe detallado sobre el funcionamiento actual del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), con especial foco en la política de patentes farmacéuticas y el reciente cambio institucional del organismo.
El texto, acompañado por una quincena de firmas de legisladores de Unión por la Patria, plantea 17 puntos concretos de requerimiento que incluyen aspectos estructurales, presupuestarios, técnicos, éticos y normativos del organismo responsable del sistema nacional de propiedad industrial. El pedido se enmarca, según los firmantes, en la necesidad de “garantizar la transparencia y evaluar el impacto de las decisiones del INPI en el acceso a la salud pública y la soberanía tecnológica del país”.
Uno de los disparadores del pedido es el Decreto 462/2025, por el cual el Gobierno transformó al INPI de organismo descentralizado a “desconcentrado”. El proyecto exige conocer las razones objetivas detrás de esta decisión, si se consultó previamente a los trabajadores o usuarios del sistema, y cómo se garantiza ahora la “independencia técnica” que menciona el decreto, especialmente considerando la pérdida de autonomía financiera que podría derivarse de la nueva figura institucional.
Los legisladores también piden información sobre la estructura organizacional, el personal, las condiciones laborales y las modalidades contractuales vigentes, con foco especial en la Administración Nacional de Patentes (ANP).
Patentes farmacéuticas, salud y conflicto de intereses
Uno de los ejes del proyecto es el sistema de evaluación y concesión de patentes farmacéuticas, una cuestión estratégica que impacta directamente en el precio de los medicamentos y en el acceso a tratamientos de alta complejidad. Se requiere un desglose detallado de todas las solicitudes de patentes entre 2019 y junio de 2025, incluyendo su tipo (oncología, antivirales, etc.), país de origen de los titulares, representantes legales y menciones de interés público o licencias obligatorias.
El proyecto también demanda explicaciones sobre las Guías de Patentabilidad en Química-Farmacéutica y Biotecnología, vigentes desde 2012, y si han sido actualizadas o complementadas con otras para sectores emergentes como inteligencia artificial o métodos diagnósticos.
Se plantea además la necesidad de información sobre posibles conflictos de interés, códigos de ética aplicables, vínculos con estudios jurídicos y litigios abiertos contra el INPI, así como el grado de adopción de recomendaciones de organismos internacionales como la OMPI, la OMS y la OMC.
Los legisladores piden un desglose del presupuesto asignado y ejecutado por el INPI en los últimos cinco años, especialmente cuánto de ese presupuesto se destina a patentes frente a otras áreas (como marcas). También quieren saber si hubo subejecuciones o desvíos de fondos, y si existen planes de reforma normativa o administrativa orientados a evitar prácticas como el evergreening, una estrategia denunciada por la que se extiende artificialmente la duración de una patente para bloquear la entrada de genéricos.
En este sentido, se interroga si existen planes para modernizar la Ley de Patentes 24.481 incluyendo cláusulas explícitas contra estas prácticas, similares a las de la ley india.
Además, se pregunta por políticas activas de apoyo a universidades, pymes e inventores nacionales para acceder al sistema de patentes, y si existen medidas para asegurar que las invenciones patentadas se traduzcan efectivamente en transferencia de tecnología y producción local, tal como lo prevé la Ley 22.426.
Impacto en precios y acceso a medicamentos
Un capítulo clave del pedido apunta a conocer el impacto real de las patentes en los precios y el acceso a medicamentos, así como cuántas solicitudes fueron modificadas o rechazadas a partir de observaciones de terceros. El texto recuerda que el artículo 42 de la Constitución Nacional impone al Estado el deber de proteger la salud y controlar los monopolios, incluso los legales como las patentes.
En sus fundamentos, el proyecto también menciona tratados internacionales como el Acuerdo ADPIC de la OMC y la Declaración de Doha, que habilitan a los Estados a priorizar el acceso a la salud por sobre los derechos de propiedad intelectual.
“Una dotación adecuada de examinadores de patentes y un marco normativo riguroso son fundamentales para evitar abusos, como el otorgamiento de patentes triviales que solo sirven para encarecer tratamientos y bloquear genéricos”, afirma el texto.
Además de Gollán, el proyecto lleva las firmas de los diputados Sabrina Selva, Hugo Yasky, Julio Pereyra, Nancy Sand, Lorena Pokoik, Varinia Marín, Carlos Cisneros, Gabriela Pedrali, Natalia Zabala Chacur, Martín Soria, Roxana Monzón, Ana María Ianni, Diego Giuliano y Gustavo González.
En un contexto global de debate sobre la relación entre propiedad intelectual y salud pública, el pedido de informes busca echar luz sobre el funcionamiento actual del INPI y abrir una discusión más amplia sobre el rol del sistema de patentes en el desarrollo científico, la producción nacional y el acceso equitativo a los medicamentos.
