Una diputada chubutense propone crear un fondo federal financiado con impuestos y renegociaciones de concesiones para obras y diversificación productiva. Busca compensar pérdidas por políticas energéticas y defender el patrimonio de YPF frente a fallos internacionales.
La diputada nacional de Pro por Chubut Ana Clara Romero presentó un proyecto de ley para crear un “Régimen de reparación histórica y fomento para el desarrollo de las provincias productoras de hidrocarburos”, con el objetivo de compensar los impactos económicos y patrimoniales que —según advierte— han sufrido históricamente estas jurisdicciones.
La iniciativa reconoce como “pérdida histórica” cualquier condena firme contra el Estado nacional vinculada a su participación en YPF S.A., e instruye al Poder Ejecutivo a tomar todas las medidas legales y diplomáticas para resguardar el patrimonio accionario de la petrolera. Reafirma la vigencia del artículo 10 de la Ley 26.741, que impide transferir las acciones expropiadas sin aprobación del Congreso por dos tercios de sus miembros.
El proyecto crea el Fondo Federal de Desarrollo y Reparación Hidrocarburífera, administrado por un comité con representación nacional y provincial, y destinado a financiar obras de infraestructura, proyectos productivos, programas sociales y de diversificación económica en las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI).
La propuesta fija que el Fondo se nutrirá, entre otras fuentes, de:
■ Asignaciones anuales del Presupuesto nacional.
■ Un 0,5% de la recaudación de impuestos como IVA, Ganancias de sociedades, combustibles, derechos de exportación y débitos y créditos bancarios.
■ Aportes derivados de la renegociación u otorgamiento de concesiones hidrocarburíferas “off shore” o de represas hidroeléctricas.
■ Donaciones y otros ingresos públicos o privados.
Romero plantea que la distribución de los recursos se haga en forma equitativa según criterios como el nivel histórico y actual de producción, el impacto del “barril criollo” en la renta provincial, las necesidades de infraestructura y los proyectos de transición energética.
En sus fundamentos, la diputada recuerda que Chubut —primera productora de petróleo y con mayores reservas comprobadas en el momento de la expropiación de YPF— recibió un porcentaje menor de acciones que otras provincias con menor producción. También cita perjuicios económicos por medidas como las retenciones al crudo y políticas de precios internos que afectaron la renta local.
La legisladora enmarca la iniciativa en la coyuntura marcada por el fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska en el caso “Petersen”, que condenó a la Argentina a pagar una millonaria indemnización y ordenó la entrega del 51% de las acciones de YPF. Advierte que la medida judicial afecta también a las acciones que pertenecen a las provincias, que no son parte en el litigio.
Romero sostiene que el fondo propuesto es una herramienta “transparente y equitativa” para canalizar recursos y permitir la reconversión productiva de las economías regionales, defendiendo a la vez el federalismo y la soberanía energética.
