Presentaron un proyecto para modificar el Estatuto del Personal del Congreso e imponer concursos públicos en los ingresos y ascensos. Busca “erradicar prácticas discrecionales” y profesionalizar la planta legislativa.
La diputada nacional Mercedes Llano (La Libertad Avanza) presentó un proyecto de ley para modificar el Estatuto y Escalafón del Personal del Congreso de la Nación (Ley 24.600), con el objetivo de “jerarquizar la función legislativa” e introducir criterios meritocráticos tanto en el ingreso como en la carrera administrativa de los empleados legislativos.
La iniciativa, que cuenta con el respaldo de las diputadas Alida Ferreyra y Paula Omodeo, propone sustituir los artículos 4, 5 y 14 de la norma vigente para incorporar como requisito explícito el concurso público en cada instancia de acceso y promoción dentro de la planta permanente. Además, establece que cualquier designación que no cumpla con esos parámetros será considerada “nula de pleno derecho”.
En los fundamentos del proyecto, Llano advierte que el Congreso argentino se ha caracterizado históricamente por un fuerte nivel de patronazgo partidario, donde el ingreso a planta permanente no depende de la idoneidad sino de vínculos políticos. Según un estudio del politólogo Gerardo Scherlis (2009), la Legislatura nacional es la institución del Estado que más extendió esas prácticas, a diferencia de otros organismos donde existen exámenes de ingreso formalizados.
El texto cita estadísticas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que en 2024 midió el índice de desarrollo de los servicios civiles en América Latina en apenas 40 puntos sobre 100, reflejando la debilidad de los sistemas meritocráticos en la región.
Llano piensa que la ausencia de mecanismos de selección competitivos no solo favoreció el sobredimensionamiento de la burocracia.
El proyecto también pone el foco en el crecimiento sostenido del personal legislativo. Según estimaciones elaboradas con datos de la Oficina Nacional de Presupuesto, en 2023 había en promedio 31 empleados por cada legislador, cifra que trepa a 49,3 si se contabiliza la estructura de la Imprenta del Congreso y la Biblioteca.
En las últimas dos décadas, la planta del Parlamento se incrementó un 61,5%, pasando de 10.040 agentes en 2003 a 16.224 en 2023. El mayor crecimiento se dio en el Senado, con un aumento del 89% en su dotación, mientras que la Cámara de Diputados amplió apenas un 5,5% la suya. También se disparó la cantidad de empleados en “otros organismos” legislativos, como la Defensoría del Pueblo, la Auditoría General y la Defensoría del Público, que crecieron un 306% en el mismo período.
Una reforma “necesaria”
Para Llano, la ausencia de mecanismos de selección competitivos no solo favoreció el sobredimensionamiento de la burocracia, sino que también afectó la calidad del trabajo legislativo. “La utilización política de los cargos impide consolidar una planta profesional con estándares técnicos elevados, y termina impactando negativamente en el funcionamiento institucional y en el costo para el Estado”, argumentó.
El proyecto propone armonizar el régimen legislativo con la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional (25.164), que ya establece el concurso como regla para el ingreso a la administración pública. También busca eliminar ascensos automáticos que se habilitaron a través de disposiciones internas de las presidencias de ambas cámaras.
En síntesis, la iniciativa de Llano apunta a reducir la discrecionalidad en las designaciones, garantizar igualdad de oportunidades, optimizar el uso de los recursos y profesionalizar la tarea parlamentaria. El desafío ahora será encontrar consensos en un Congreso donde, según advierten los propios fundamentos, el sistema de patronazgo ha sido una práctica arraigada durante décadas.