La diputada apuntó al uso discrecional de la Ley de Rezago y pidió explicaciones sobre fundaciones beneficiadas y la intervención de funcionarios cercanos al Gobierno.
La diputada nacional Margarita Stolbizer presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para que el Poder Ejecutivo informe con urgencia cómo se está aplicando la Ley 25.603, conocida como de Rezago Aduanero, que autoriza a donar bienes decomisados por la Aduana a organismos públicos y organizaciones sociales cuando las condiciones de emergencia lo aconsejen.
El pedido busca transparentar un mecanismo que, según la legisladora, se está utilizando con un alto grado de discrecionalidad. En su presentación, Stolbizer solicitó que el Gobierno detalle la ejecución de la norma, los criterios aplicados para seleccionar a las entidades beneficiarias y los controles implementados sobre las entregas.
El proyecto incluye además un requerimiento de información específica sobre diversas fundaciones y asociaciones que habrían recibido donaciones desde diciembre de 2023, entre ellas la Fundación Gea Madre Tierra-Mitología Griega, la Fundación Oficios de la Provincia de Buenos Aires, la Asociación Luchadores Latinos de Santa Fe, la Fundación Caminos de la misma provincia y la Fundación Misión Libertad de Misiones. La diputada pide conocer qué bienes recibieron, bajo qué resoluciones y con qué documentación se acreditó la entrega.
Otro punto central del pedido apunta al rol del subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo Menem, y de Jorge Horacio Menem, a quienes Stolbizer atribuye la firma de resoluciones vinculadas a la aplicación de la ley. Reclama copia de todas las decisiones adoptadas y precisiones sobre las competencias asignadas a cada funcionario en el marco de este esquema.
La iniciativa también indaga sobre la existencia de denuncias por irregularidades o faltantes en las entregas y exige saber si se abrieron sumarios internos o causas judiciales. “Queremos claridad sobre cómo se maneja este régimen, porque de lo contrario se transforma en un sistema permeable a favoritismos políticos o a prácticas poco transparentes”, sostuvo la diputada.
La Ley 25.603 fue sancionada en 2002, en el marco de la crisis social y económica, para destinar mercaderías de primera necesidad —alimentos, ropa, medicamentos, calzado— a instituciones que trabajen en asistencia social. Sin embargo, en los hechos, la aplicación de la norma quedó bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, lo que, según Stolbizer, generó un manejo “excesivamente discrecional” en la distribución.
En su fundamentación, la legisladora recordó que existen denuncias judiciales sobre faltantes en las donaciones y advirtió que “la cercanía política de las autoridades de las entidades receptoras con el partido gobernante alimenta sospechas sobre la utilización de los bienes con fines partidarios”.
La diputada planteó que la información requerida permitirá al Congreso evaluar reformas a la normativa, orientadas a establecer criterios claros de selección de beneficiarios, crear un registro público de entidades habilitadas, definir mecanismos de control y fiscalización independientes y garantizar igualdad en el acceso. “Se trata de asegurar que los bienes decomisados lleguen a quienes realmente los necesitan y no se conviertan en herramientas de clientelismo”, concluyó Stolbizer.