El asesor legal de CASEL presentó una análisis en materia de seguridad de barrios privados y definió que “el uso incorrecto de tecnología y la ausencia de protocolos de supervisión son algunos de los factores que limitan el desarrollo de modelos de seguridad sostenibles y eficientes”.
En un contexto donde la demanda por seguridad en barrios cerrados y countries no deja de crecer, la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica (CASEL) advierte sobre una serie de falencias estructurales que afectan la eficacia de los sistemas de protección en estos espacios. La falta de planificación, la ausencia de asesoramiento profesional, el uso incorrecto de tecnología y la ausencia de protocolos de supervisión son algunos de los factores que limitan el desarrollo de modelos de seguridad sostenibles y eficientes.
Según diversos estudios y experiencias recogidas por empresas asociadas a CASEL, muchas urbanizaciones privadas presentan una debilidad común: la ausencia de un responsable directo del dispositivo de seguridad. Esto impide una trazabilidad efectiva ante fallas, impide la identificación de responsables y genera un enfoque fragmentado, donde la tecnología, los recursos humanos, el entorno y la prevención no se integran como un sistema único.
El Dr. Raúl Castro, Asesor Legal de CASEL, sostiene que “la seguridad debe abordarse como un proceso técnico y legalmente sustentado. Muchos barrios intentan resolver problemas puntuales con soluciones improvisadas, sin criterios profesionales ni análisis de impacto. Eso no solo es ineficiente, sino también riesgoso desde el punto de vista jurídico”.
Otro aspecto señalado por la Cámara es que muchos de los problemas actuales en countries y barrios privados se originan durante el desarrollo mismo del emprendimiento. Las decisiones en materia de infraestructura de seguridad suelen tomarse sin asesoramiento técnico y con criterios improvisados, muchas veces luego de que ocurre un hecho delictivo.
Se observa también una falta de planificación en cuanto al mantenimiento de los sistemas. En la mayoría de los casos, no existen protocolos formales ni planillas de trazabilidad de fallas que permitan identificar patrones, reiteraciones o tiempos de inactividad. Esto dificulta la supervisión técnica y el control de calidad del servicio de seguridad. Y como consecuencia de ello, la ausencia de un adecuado diagnóstico de las causales que originaron un evento, piedra fundamental para evitar su reiteración.
Desde CASEL se destaca la necesidad de incorporar sistemas de control más robustos, incluyendo monitoreo tecnológico, rondas auditables por GPS y supervisión documental. La simple visita esporádica o la dependencia exclusiva del personal de seguridad no garantizan la eficacia del sistema. La implementación de auditorías independientes y supervisión cruzada entre actores es una herramienta clave para detectar falencias y mejorar la gestión.
Un punto crítico —y frecuentemente silenciado— en la gestión de los countries, es la asignación de recursos económicos. Las observaciones de especialistas del sector, sumadas al análisis de empresas proveedoras de soluciones asociadas a CASEL, permiten advertir una tendencia preocupante: la seguridad suele ocupar un lugar secundario dentro del presupuesto general de los barrios privados, muy por detrás de áreas consideradas más “visibles” o “valoradas socialmente”, como el paisajismo, la infraestructura deportiva o los espacios comunes de esparcimiento.
Mientras se destinan fondos importantes a la renovación de canchas de tenis, mejoras en el club house o ampliaciones del gimnasio, los sistemas de videovigilancia, control de accesos o mantenimiento de tecnologías de seguridad quedan postergados o sujetos a decisiones de urgencia, muchas veces adoptadas tras la ocurrencia de un incidente. Este comportamiento reactivo evidencia una falta de cultura preventiva que pone en riesgo la eficiencia del sistema de protección integral.
“La seguridad no es decorativa, es estratégica. No se ve, pero se siente. Y cuando falta, el costo no es solo económico, sino emocional y reputacional para toda la comunidad. La seguridad, en definitiva, incomoda al habitante de estas urbanizaciones especiales, en gran parte, porque visibiliza la posibilidad de acaecimiento de algo que ese habitante no quiere que ocurra. El evento de inseguridad.”, señala el Dr. Raúl Castro, Asesor Legal de CASEL. Además, advierte que en muchos casos se desestima la necesidad de contar con personal técnico especializado y con consultores independientes, justamente por considerar que su incorporación representa un gasto, cuando en realidad constituye una inversión crítica para la estabilidad del ecosistema residencial.
Compara con algo más palpable en nuestro diario vivir: la salud. "¿Alguien pondría en duda que antes de tomar un medicamento para una dolencia importante, debe consultar al médico para que éste, que no vende remedios, lo diagnostique?”, se pregunta Castro. Y acto seguido se responde: “pues en materia de seguridad, en este tipo de conglomerados, abundan las farmacias, pero nadie visita al médico”.
Desde CASEL se insiste en que la seguridad debe tener asignaciones presupuestarias fijas, sustentadas en criterios técnicos y legales, y no depender de la presión de un grupo de vecinos o de decisiones improvisadas de quien administra el emprendimiento. La prevención no puede competir con el paisajismo o el confort: debe formar parte del núcleo esencial de toda comunidad cerrada que aspire a brindar un entorno seguro, moderno y sostenible.
La figura del consultor de seguridad independiente adquiere creciente relevancia como actor técnico y estratégico en la auditoría de prestadores de servicios, el control de procesos y la identificación de oportunidades de mejora. No obstante, persiste cierta resistencia por parte de algunas administraciones, especialmente cuando la incorporación de estos profesionales implica visibilizar falencias que no siempre se está dispuesto a asumir.
Entre las prácticas que comienzan a observarse en distintos barrios del país, se destacan la creación de roles específicos en seguridad interna, la utilización de acuerdos de nivel de servicio (SLA) con parámetros claros, la capacitación sistemática del personal y la implementación controlada de nuevas tecnologías como drones, analítica de video o sistemas avanzados de control de accesos. Estas acciones, cuando se aplican bajo un marco técnico y legal adecuado, evidencian una evolución hacia modelos más maduros de gestión de la seguridad.
Desde la Cámara Argentina de Seguridad Electrónica se sostiene que la seguridad en barrios cerrados requiere ser concebida como un sistema complejo, donde confluyen múltiples dimensiones: análisis y diagnóstico de la situación, infraestructura, tecnología, planificación, monitoreo, gestión documental, capital humano y cultura preventiva.
La profesionalización del sector, la incorporación de herramientas inteligentes y la mejora en los procesos de supervisión son elementos cada vez más presentes en el debate público y privado.
En un escenario dinámico, con demandas crecientes y nuevas amenazas, los desafíos de los countries en materia de seguridad no pueden abordarse desde la improvisación, sino desde el conocimiento, la evidencia técnica y la voluntad de construir entornos más seguros para todos. En definitiva, estas urbanizaciones deberán afrontar la decisión de cómo invertir su dinero, sea esto en prevención y superación constante de sus niveles de seguridad, o en la satisfacción de los reclamos económicos de los integrantes de su comunidad que se vean afectados por los hechos de inseguridad. El dinero se irá, dependerá de cada grupo humano decidir de qué manera y a dónde.