El diputado nacional presentó un proyecto de ley para regular las acciones colectivas en Argentina, con el objetivo de asegurar el acceso efectivo a la justicia frente a abusos que afectan a grandes grupos de ciudadanos.
En un contexto donde los derechos individuales ya no alcanzan para enfrentar los abusos del poder —sea estatal o corporativo—, el diputado nacional Gerardo Milman presentó el proyecto de ley 4868-D-2025, que propone la creación de una Ley Nacional de Procesos Colectivos. La iniciativa busca regular las acciones judiciales destinadas a proteger derechos difusos, de incidencia colectiva y de intereses individuales homogéneos.
“Durante años un ciudadano se presentaba individualmente ante un juez para un reclamo estrictamente personal, porque así garantizaba la protección de sus derechos individuales ante la tiranía del poder político”, señaló Milman. “Pero hoy los abusos provienen también de grandes corporaciones, del Estado burocrático o de prácticas masivas que afectan a millones de consumidores o usuarios de servicios públicos. En ese escenario, la herramienta individual se vuelve insuficiente”.
El proyecto apunta a garantizar la tutela judicial efectiva, la uniformidad de decisiones, la economía procesal y la eficacia de las sentencias, en casos donde los reclamos individuales se fragmentan y terminan favoreciendo la impunidad.
Milman ejemplificó: “Allí donde una tarifa abusiva de una empresa de telecomunicaciones afecta a millones de usuarios, donde una cláusula contractual idéntica lesiona a miles de consumidores, o donde una catástrofe ambiental destruye el patrimonio común, la acción colectiva se convierte en un mecanismo indispensable”.
La iniciativa define tres tipos de derechos que podrían ser objeto de acciones colectivas:
Además, establece quiénes podrán promover este tipo de acciones: el Defensor del Pueblo de la Nación y de las Provincias, el Ministerio Público, asociaciones civiles y organizaciones sociales con objeto relacionado con el derecho afectado, y personas afectadas, cuando no exista una asociación que represente adecuadamente los intereses colectivos.
“Tenemos la oportunidad de saldar una deuda histórica con la democracia argentina”, sostuvo Milman. “Este proyecto no es un triunfo del estatismo: es una victoria de la libertad organizada. Permite a los ciudadanos, actuando en comunidad, enfrentar a poderes que de otro modo quedarían impunes”.
El legislador cerró con una reflexión de tono filosófico: “Cuando entre el viejo y el nuevo mundo aparecen los monstruos del claroscuro, como decía Gramsci, nos damos cuenta de que nuestra quimera es el vacío legislativo que permitió abusos y desigualdades. Con esta ley damos un paso decisivo hacia la consolidación de un orden más justo y libre. No hay república sin justicia, y no hay justicia sin acceso colectivo a ella”.