El proyecto deroga las leyes vigentes y busca refundar el esquema de inteligencia argentino, con control parlamentario, formación profesionalizada y un fuerte énfasis en la ciberseguridad.
El diputado nacional Gerardo Milman presentó un ambicioso proyecto de ley que apunta a derogar la legislación actual en materia de inteligencia (Ley 25.520 y modificatorias) para reemplazarla por un sistema integral y modernizado: el Sistema Integral Nacional de Inteligencia de la República Argentina (SINIRA). La propuesta pretende dar un giro profundo en el modo en que el Estado organiza, administra y controla la información estratégica, en un marco donde la seguridad nacional convive con la desconfianza histórica hacia los servicios de inteligencia por su uso político.
El proyecto de Milman estructura el SINIRA con cuatro direcciones nacionales especializadas:
➣ Dirección Nacional de Inteligencia Exterior, para el análisis de amenazas y dinámicas internacionales.
➣ Dirección Nacional de Inteligencia Militar, destinada a acompañar a las Fuerzas Armadas en materia de defensa.
➣ Dirección Nacional de Inteligencia Interior y Criminal, con foco en el crimen organizado, el terrorismo y fenómenos transnacionales.
➣ Dirección Nacional de Ciberinteligencia, concebida para proteger infraestructura crítica, detectar ciberataques y combatir campañas de desinformación.
A ello se suma la Unidad de Información Financiera (UIF), integrada al esquema como órgano especializado en la detección de operaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
El diseño se completa con un Consejo Nacional de Inteligencia, órgano colegiado que definiría las prioridades estratégicas, y un Órgano Técnico Permanente, pensado como instancia de análisis profesionalizada para coordinar la información entre todas las áreas.
Formación y profesionalización
Un punto clave es la creación del Instituto Nacional de Inteligencia (INI), que tendría la tarea de profesionalizar a los futuros agentes bajo criterios académicos y técnicos, con estándares internacionales. Según Milman, la formación profesionalizada es “la única manera de desterrar prácticas improvisadas y usos discrecionales del aparato de inteligencia”.
El INI prevé una currícula que abarcaría desde idiomas, análisis político y geoestratégico, hasta ciberseguridad, tecnologías emergentes e inteligencia financiera.
Uno de los aspectos más sensibles de la propuesta es el fortalecimiento de los mecanismos de control. El proyecto fija la supremacía constitucional y prohíbe expresamente el espionaje político interno. Plantea que el Congreso, a través de una comisión bicameral, deberá recibir informes periódicos, controlar presupuestos y auditar el funcionamiento del sistema.
En paralelo, se establecen sanciones penales muy severas para agentes o funcionarios que incurran en prácticas ilegales: el espionaje sobre partidos políticos, periodistas, magistrados o cualquier actor social sería penado con condenas de hasta 20 años de prisión.
Contexto internacional y desafíos
En los fundamentos, Milman advierte que el sistema vigente “ha sido ineficaz para prevenir amenazas estratégicas y, en ocasiones, se ha desviado hacia prácticas de espionaje interno con fines políticos”. El diputado plantea que la Argentina necesita un marco institucional moderno frente a un escenario global multipolar, en el que confluyen conflictos bélicos, narcotráfico transnacional, terrorismo, organizaciones criminales y ciberataques cada vez más sofisticados.
La iniciativa cita como referencia a países que ya reformaron sus servicios de inteligencia, incorporando órganos colegiados y agencias especializadas en ciberseguridad y finanzas. El objetivo es evitar que la Argentina quede rezagada frente a dinámicas globales que ya no responden a lógicas tradicionales de espionaje.
El proyecto de Milman promete abrir una discusión política de alta tensión. Desde el oficialismo libertario y parte de la oposición podría verse como un paso hacia la modernización institucional; pero en sectores críticos se anticipan reparos sobre la concentración de funciones y la posibilidad de reproducir viejas prácticas bajo nuevos nombres.
La propuesta tensiona dos ejes clásicos: por un lado, la necesidad de contar con un sistema de inteligencia eficaz, con capacidad real de prevención y análisis; por el otro, el riesgo de que esas estructuras se transformen en herramientas de control político o persecución interna.
Con este proyecto, el diputado busca instalar en la agenda parlamentaria una de las deudas históricas de la democracia argentina: la redefinición del rol y los límites de los servicios de inteligencia, en un país donde la sombra del espionaje ilegal ha atravesado gobiernos de distinto signo.