Un plenario de comisiones sigue analizando el proyecto y debatió sobre ejecución de la pena, reducción de la reincidencia y participación de las víctimas en distintas instancias procesales.
En el marco de un extenso debate que se viene desarrollando hace varios meses, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continúa analizando los proyectos destinados a la creación del Sistema Penitenciario porteño.
De esta manera, las comisiones de Justicia (presidida por Inés Parry de la UCR-Ev), Legislación del Trabajo (a cargo de Matías Barroetaveña de UP), Seguridad (liderada por Gimena Villafruela de VxM) y Asuntos Constitucionales (dirigida por Hernán Reyes de la CC ARI) se reunieron para debatir sobre ejecución de la pena, reducción de la reincidencia y participación de las víctimas en distintas instancias procesales.
Es así que funcionarios del Poder Ejecutivo de la Ciudad participaron de la reunión y fue Leandro Halperín, subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios de la Ciudad, el encargado de exponer ante los legisladores y debatir con los diputados los principales lineamientos comunes a los distintos proyectos presentados sobre los cuales se viene avanzando en la búsqueda de consensos.
En la reunión se destacó la necesidad de que la fuerza penitenciaria de la Ciudad debe tener conducción civil y apego al marco legal, con una carrera de escalafón único, similar a la Policía de la Ciudad, que permita el ascenso desde el primer cargo hasta los niveles superiores, y con formación en el Instituto Superior de Seguridad Pública.
También se avanzó en la creación de un cuerpo de agentes profesionales de reintegración social, que junto a los jueces de ejecución diseñarán el “plan de Vida” en el que estarán involucrados todos los ministerios del gobierno de la ciudad, para las personas privadas de libertad tanto en contexto de encierro como en prisión domiciliaria.
Además, se debatieron condiciones laborales bajo la premisa de que aseguren estabilidad, igualdad de oportunidades, capacitación continua, ambientes de trabajo seguros y cobertura médica y de riesgos; un régimen de licencias que incluya enfermedad, maternidad, matrimonio y exámenes; obligaciones éticas vinculadas al respeto de la jerarquía, la confidencialidad y la conducta profesional; y la creación de una comisión externa de control y supervisión. El debate continuará el miércoles.
Según explicaron los expertos, el objetivo general es consensuar un modelo que implique un cambio cultural en las prácticas de encierro, priorizando la seguridad, la reinserción social y la protección de los derechos de las víctimas.