El diputado nacional Gerardo Milman presentó un proyecto de ley para derogar los fueros legislativos y limitar las inmunidades parlamentarias únicamente a las contempladas en la Constitución Nacional, con el objetivo de “eliminar privilegios que atentan contra la igualdad ante la ley y la transparencia republicana”.

La iniciativa propone derogar la Ley 25.320, que regula actualmente el alcance de los fueros, y establecer que los legisladores solo conserven las inmunidades de opinión —por las expresiones vertidas en el ejercicio de su mandato— y de arresto, salvo en caso de ser sorprendidos in fraganti en la comisión de un delito, tal como lo establece la Carta Magna.

El texto aclara que el procesamiento penal de los legisladores no estará limitado por ninguna inmunidad, y que no será necesaria la autorización de las cámaras para que la Justicia pueda investigarlos o dictar medidas procesales que no impliquen su detención. Asimismo, dispone que cualquier pedido de arresto deberá tratarse en sesión pública dentro de los 30 días hábiles de recibido el requerimiento judicial.

En los fundamentos, Milman sostuvo que los fueros “han sido históricamente utilizados en forma distorsionada, transformándose en muchos casos en un manto de impunidad que obstruye el accionar de la Justicia y vulnera la confianza ciudadana”.

El diputado recordó que ya en 2015 promovió una acción judicial contra la concesión de fueros a los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur, y citó el fallo de la Cámara Nacional Electoral que declaró inconstitucional su extensión, al considerar que “las inmunidades reconocidas por la Constitución son de interpretación restrictiva y no pueden ser ampliadas por ley”.

“La ausencia de una regulación clara alimenta vacíos legales y diferentes interpretaciones que afectan la transparencia institucional. Los fueros no deben ser una herramienta para la impunidad, sino una garantía funcional limitada”, argumentó Milman.

Por último, el proyecto dispone que el Congreso deberá adecuar sus reglamentos internos en un plazo máximo de 90 días desde la entrada en vigencia de la norma, y subraya que el objetivo es reafirmar el principio republicano de que ningún representante del pueblo está por encima de la ley.