Se trata de la implementación efectiva del Tribunal de Responsabilidad Política, un organismo de carácter constitucional previsto para investigar actos de corrupción y faltas graves de funcionarios públicos.
Un proyecto de ley presentado esta semana por el diputado bonaerense de la UCR-CF Diego Garciarena, busca saldar una deuda institucional de más de tres décadas en la provincia de Buenos Aires: la implementación efectiva del Tribunal de Responsabilidad Política, un organismo de carácter constitucional previsto para investigar actos de corrupción y faltas graves de funcionarios públicos.
Desde la reforma constitucional de 1994, el artículo 3 estableció la creación de un "Tribunal Social de Responsabilidad Política" encargado de examinar la conducta de funcionarios provinciales y municipales.
Sin embargo, a lo largo de las gestiones que pasaron por la Legislatura bonaerense, nunca se logró el consenso necesario para su conformación y reglamentación; aunque en varias ocasiones se intentó llevar adelante el debate.
El legislador Garciarena remarcó que esta "omisión prolongada no sólo implica un incumplimiento formal del mandato constitucional, sino también una carencia sustantiva en materia de transparencia, control democrático y rendición de cuentas ante la ciudadanía".
El organismo propuesto, un órgano colegiado, tendría un amplio alcance para investigar a los poderes públicos, organismos descentralizados, entes autárquicos y empresas con participación Estatal.
Es crucial destacar que el Tribunal de Responsabilidad Política no interferiría con la competencia de los órganos judiciales ordinarios.
Según explicó Garciarena, su valor reside en la capacidad de abordar "conductas que, aun no se han configurado como delitos pero que dañan la confianza pública, vulneran principios éticos o deterioran la integridad institucional del Estado".
Entre sus funciones, el nuevo organismo podrá investigar denuncias o actuar de oficio, determinar la existencia de actos ilícitos, verificar el perjuicio al Estado e iniciar acciones civiles correspondientes.
El proyecto busca consolidar mecanismos de control que respondan a la demanda social de mayor transparencia y un uso responsable de los recursos públicos, garantizando procedimientos públicos y rindiendo cuentas periódicamente a la Legislatura.
Lo paradojal de la historia de esta presentación es que sea un diputado de las fila de UCR el que reclame la reglamentación de esta magna constitucional pues la inclusión del Tribunal de Responsabilidad Política.
Pues la inclusión dentro de la reforma constitucional fue de alguna forma criticado por la bancada radical de la Convención Constituyente provincial, pues su inclusión fue parte del acuerdo político que alcanzó el PJ con el extinto Movimiento para Dignidad y la Independencia, conocido popularmente como Modin; fue parte de lo que se llamó el “núcleo de coincidencias básicas” que se alcanzó entre estas fuerzas para avanzar en la reforma del “controvertido artículo 110”.
Pues el acuerdo del PJ con el Modin incluyó además la realización de una consulta popular para que el entonces gobernador Eduardo Duhalde puede presentarse para ser reelecto, algo que finalmente logró en 1995, siendo así el primer gobernador reelecto desde el retorno de la democracia en 1983, pues hasta ese momento no se permitía la reelección del gobernador en la provincia. Algo que desde el radicalismo bonaerense y otro espacios políticos resistieron sin éxito.