Ricardo Gil Lavedra fue uno de los seis miembros del Tribunal que juzgó a los integrantes de la Junta Militar. En diálogo con Parlamentario el ahora diputado radical trazó una síntesis de aquel histórico momento. En otro tramo de la entrevista, el titular de la Comisión de Justicia cuestionó al oficialismo por obstaculizar el funcionamiento del Congreso. Además criticó la propuesta de que los jueces rindan examen cada cuatro años.

– Hace pocos días se cumplió un nuevo aniversario del golpe militar y usted fue uno de los integrantes del Tribunal que condenó a la Junta. ¿Qué significó este hecho para la democracia de nuestro país?

– El juicio a las juntas militares fue una bisagra dentro de la transición democrática argentina, que fue más que un antes y un después, porque no se trató solamente de un juicio de características inéditas. Fue la primera vez que un tribunal civil podía juzgar con el Código Penal y la legislación común a los autores de crímenes atroces provenientes de una dictadura saliente. En ese sentido el juicio a las juntas militares es un precedente único en el mundo de que un tribunal civil pudiera hacer eso.
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También inédito por su volumen. Debe haber sido el juicio de mayor tamaño en la historia argentina. Para dar un solo ejemplo, ese juicio llevaba acumulada la totalidad de los expedientes de Hábeas Corpus y de denuncias por violaciones ilegales de libertad que secuestraron por orden de la dictadura, es decir tenía agregados unos 20 a 25 mil expedientes. Cuando le pedimos a Naciones Unidas que nos remitiera la documentación que se había acumulado en Ginebra respecto de la famosa resolución 1503, la mandaron en un barco, en un container, lo que nos da una idea del volumen de toda la documentación. Lo significativo es que no se trató solamente de un juicio que juzgó gravísimas violaciones a los derechos humanos, sino que también lo que se juzgó fue a los golpes de Estado, al abuso y a la prepotencia en el ejercicio del poder. Se juzgó también la posibilidad de hacer encarnar el principio básico de toda sociedad democrática, que es la igualdad ante la ley. La primera vez en la Argentina que se rompía el principio de impunidad de los poderosos, por eso creo que el juicio a las juntas militares ha quedado incrustado en la transición democrática como una gran bisagra.

– El Gobierno kirchnerista reivindica como propia la lucha por los derechos humanos. ¿Que opinión le merece eso?

– El Gobierno de los Kirchner ha conseguido cerrar la etapa de la justicia, y en ese aspecto a mí parece muy loable y digno de encomio la voluntad política que ha puesto para cerrar con verdad y justicia este período trágico. Es decir, completó lo que no se pudo completar en los inicios de la transición democrática. Lo que yo critico es la enorme sobreactuación que se ha hecho sobre el tema. Esto no comenzó con los Kirchner. Fue la sociedad argentina, cuando comenzó la democracia, la que sentó las bases de la persecución por primera vez en un contexto dificilísimo. No era lo mismo juzgar a los autores de estos crímenes cuando estaban en actividad, que hacerlo contra ancianos asistidos por un respirador o con pañales. Esto no quita mérito, pero también ha hecho mal el Gobierno en involucrarse de modo tan personal en el tema, me parece que la cuestión de las violaciones a los derechos humanos, el reconocimiento de los principios de justicia, de legalidad, de verdad son patrimonio de todos. Ha habido un intento de apropiación de parte del Gobierno que me parece mezquino y hasta malo para los propios movimientos, porque esta no ha sido solamente una política del Gobierno, esto ha tenido el apoyo de todas las fuerzas progresistas de la sociedad, por lo tanto cuando el Gobierno se lo quiere tomar como bandera propia, lo que hace es fomentar algunos roces y produce elementos de división.

– Hasta hace poco se decía que el Congreso era una escribanía del Gobierno. Ahora se dice que es un estudio de abogados donde se discute y se polemiza mucho, pero después se va a los tribunales. ¿Está judicializada la política?

– Estamos tratando de abrir la escribanía. Lo que pasa que no nos dan la llave verdadera. Cuando se recurre a la Justicia es una señal de impotencia porque los órganos políticos no están funcionando en forma adecuada. En toda esta disputa respecto del Fondo del Bicentenario o Desendeudamiento, que es lo mismo, los legisladores acudieron a la Justicia. Yo también lo hice con la Unión Cívica Radical.

– ¿Porqué fueron a la Justicia?

– Para que nos dejara intervenir. Es decir que la Justicia paralizara los efectos del decreto que había dictado el Ejecutivo hasta que el Congreso pudiera resolver. Nuestra lucha ha sido para tratar de resolver el tema. La otra disputa que se ha dado por la Comisión Bicameral y el cambio que se dio en el Senado en su integración es para que la comisión pudiera funcionar, porque el oficialismo no le daba quórum. Queda claro que la voluntad de la oposición ha sido que el Congreso funcione y que pueda analizar los decretos.

– Desde que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner abrió este período legislativo solamente hubo una sesión en cada cámara, ¿Por qué?

– Porque a diferencia de los no oficialistas, me parece que la política del Gobierno y de los legisladores del FpV es que el Congreso no funcione. Son todas trabas, obstáculos con los recursos que tienen. Entiendo que el no dar quórum puede ser un recurso parlamentario, pero sin duda que esto obstaculiza el funcionamiento del Cuerpo y yo creo que el Gobierno no quiere que el Congreso funcione y los legisladores oficialistas no quieren tampoco que el Congreso funcione.

– ¿A qué lo atribuye?

– Ahora las mayorías están repartidas. En consecuencia, le resulta más conveniente gobernar sólo a través de los DNU o vetando lo que el Congreso pueda producir.
El desafío es que ambas cámaras, es decir el Congreso, puedan funcionar y, como las mayorías están muy divididas, son muy precarias de un lado y del otro, seguramente en muchas oportunidades el oficialismo tendrá apoyo y en otras la oposición, pero este es el juego de la democracia. Cuánto nos hubiésemos ahorrado si la Presidenta hubiera enviado el proyecto de ley al Congreso para que se discutiera; cuánto nos hubiéramos ahorrado y es posible que quizás con modificaciones, el oficialismo hubiese conseguido adhesiones. Pero como temen que le enmienden, prefieren seguir este camino absurdo que es trabar permanentemente el funcionamiento de las instituciones, en una obstinación y obcecación que lo único que hace en definitiva es perjudicar a todos .

– Sin embargo, la Presidenta dice que es la oposición la que pone palos en la rueda y que no la dejan gobernar…

– Lo que dice el Gobierno es: dénme la suma del poder público para actuar con discrecionalidad, para actuar a mi capricho. Sino no me la dan, me están trabando.
Lo que ella (Cristina Fernández de Kirchner) pide es que la dejen actuar a su solo capricho y éste no es nuestro régimen constitucional. La Presidenta tiene que entender que hay un Congreso que está destinado a gobernar junto con el PE y el que dicta las leyes es precisamente el Congreso de la Nación y que es bueno que esas leyes se discutan en el Congreso. Esto no es poner palos en la rueda, esto es querer cumplir la Constitución. Es al revés: la Presidenta quiere un funcionamiento absolutamente autoritario y prepotente que no vamos a permitir. No lo vamos a permitir porque le hemos prometido a la ciudadanía, en las elecciones del 28 de junio, ponerle límites al poder y ese fue nuestro primer mandato. Nuestra agenda parlamentaria está enderezada a esto. Por eso nuestros proyectos apuntan a la reforma del Consejo de la Magistratura, a la ley que reglamenta los decretos de necesidad de urgencia, derogar los superpoderes, el Impuesto al Cheque, toda esta gama de proyectos que tiende a reestablecer el equilibrio entre los poderes. Repito, lo que la Presidente dice es: déjenme gobernar como quiero y sino son golpistas.

– Hasta ahora la oposición y de acuerdo con lo prometido, todavía no ha podido hacer mucho…

– Algo que se ha dicho hasta el hartazgo no es que ha habido un oficialismo y una oposición. La voluntad del pueblo es que haya un oficialismo que no tiene mayoría y un no oficialismo que está segmentado en muchísimas vertientes. La más numerosa, la que tiene mayor representación, es la UCR, que no puede imponer su voluntad, sino con el concurso de otros partidos políticos. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para cumplir con el mandato popular y con la agenda que la gente votó, en una situación compleja y difícil. Nosotros vamos a hacer lo que está a nuestro alcance y el resto que deslinde públicamente su responsabilidad, así también es el juego democrático.

Reforma política

– La Cámara de Diputados en su última sesión rechazó el veto parcial a dos artículos de la reforma política. Sin embargo, Eduardo Fellner interpretó que la oposición no obtuvo los dos tercios para dejar sin efecto el veto. ¿Cuál es su interpretación?

– La Cámara de Diputados dejó sin efecto la promulgación parcial de la reforma política y no importa lo que haya dicho el presidente Fellner. Esto se votaba por mayoría simple y se alcanzó los votos que hacían falta. El presidente de la Cámara, que pertenece al oficialismo, puede decir lo que quiera, pero el número es éste y no el de Fellner.

– ¿En este caso hay una doble interpretación del reglamento?

– El que interpreta el reglamento es la Cámara y no su presidente. Y respecto de la Constitución eso tampoco es facultad del presidente, yo no sé dónde está escrito que la Constitución dice lo que sostiene Fellner.

– ¿Está de acuerdo con el proyecto del diputado Alejandro Rossi de evaluar cada cuatro años a los jueces?

– Como está formulado, no estoy de acuerdo. Pero quiero destacar varias cosas: en primer lugar que me parece sumamente positivo que el Frente para la Victoria haya presentado un proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura. Todos los bloques han presentado proyectos para la modificación de la ley del Consejo de la Magistratura. Esta iniciativa que ha sido duramente criticada, tiene algunos antecedentes del derecho público provincial, hay algunas constituciones provinciales como las del Chubut y Neuquén, que tienen estas condiciones de evaluaciones. A mí particularmente como está concebido me parece una herramienta de presión hacia los jueces. Los jueces no pueden estar rindiendo examen cada cuatro años, esto me parece que afecta su independencia. De todas maneras vamos a discutir todos los proyectos para alcanzar el máximo grado de acuerdo respecto de todas las iniciativas presentadas, incluido por supuesto el del Frente para la Victoria.