A pesar de las quejas de legisladores y distintas ONGs, la reforma de la ley que penaliza este delito aún no se aplica. El reclamo toma fuerza a partir de las últimas declaraciones de Susana Trimarco, en pleno debate mediático por el anteproyecto de Código Penal.
A 26 meses de la reforma de la Ley de Trata de Personas, ex diputadas y organizaciones de la sociedad civil se presentarán ante la Justicia para exigir la reglamentación de la norma, luego de insistentes reclamos al Poder Ejecutivo por incumplir el plazo para su aplicación.
Así lo adelantó a parlamentario.com la ex diputada por la UCR y abanderada en el tema, María Luisa Storani, quien encabezará el reclamo judicial junto a otra ex legisladora, Fernanda Gil Lozano, el próximo 12 de marzo.
La nueva ley fue sancionada el 19 de diciembre de 2012, en sesiones extraordinarias que fueron convocadas con urgencia por la presidenta Cristina Fernández, tras el fallo que absolvió a todos los acusados del secuestro y desaparición de la tucumana Marita Verón.
Sin embargo, la velocidad del trámite parlamentario no fue suficiente, ya que el Ejecutivo incumplió los 90 días que tenía para reglamentar la norma, que hoy por hoy no surte efectos concretos.
Entre otras cosas, el nuevo texto –que reemplazó algunos artículos de la ley original, sancionada en 2008- eliminó el consentimiento como causa de eximición de la pena y ordenó al Estado brindar asistencia a las víctimas, en un capítulo específico.
La reforma de la Ley de Trata contempla una pena de prisión de cuatro a seis años “para quien explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, aunque mediare el consentimiento de la víctima”. El castigo se eleva de diez a quince años en caso de que la víctima sea menor de 18 años.
Según pudo saber este medio –y aún sin la reglamentación-, la Jefatura de Gabinete estaría llamando a convocar el Consejo Federal que crea la ley para coordinar el seguimiento de los casos, pero se desconoce quiénes lo integrarían, mientras siguen sin asignarse las partidas que corresponden.
Así las cosas, Storani advirtió que “hoy estamos con la ley de 2008”. “Todo lo que hicimos es en vano”, lamentó la radical, cuya demanda ante la Justicia será acompañada por las organizaciones Esclavitud Cero, la Red No a la Trata y el Centro de la Mujer de San Fernando (CEDEM).
El reclamo cobra fuerza a raíz de las últimas declaraciones de la principal impulsora de la ley, Susana Trimarco, quien consideró que “es una vergüenza y una burla que quieran bajar las penas por los delitos sexuales” en el nuevo Código Penal.
En tanto, la Cámara de Diputados aún tiene pendiente otro debate algo más resistido: la fijación de penas para el cliente si es conciente de que la mujer fue víctima de una red de trata de personas.
El año pasado avanzó en el Senado un proyecto de la peronista opositora Sonia Escudero (MC) sobre este tema, pero aún no fue abordado por la Cámara baja.
