El Gobierno porteño inició este viernes el proceso de transferencia de los programas de asistencia directa y los dispositivos de intervención con adolescentes infractores a la Ley Penal, que hasta ahora eran administrados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF). Según las autoridades el traspaso se inscribe en el marco del proceso de fortalecimiento de la autonomía porteña.

De esta manera, la Ciudad administrará de aquí en adelante, a través del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los centros de régimen cerrado José de San Martín, Manuel Belgrano y Manuel Roca, el centro de admisión y derivación Úrsula Llona de Inchausti; las residencias socioeducativas Almafuerte, Juana Azurduy y Simón Rodríguez, y el dispositivo de supervisión y monitoreo.

A través de un comunicado, se informó que “los equipos profesionales y administrativos que ya vienen trabajando en los centros ahora transferidos, continuarán con sus tareas habituales bajo la responsabilidad del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dependiente del Gobierno porteño, garantizándose de esta manera su continuidad laboral”.

“Se trata de trabajadores con vasta experiencia en la temática, profundo conocimiento de la población con la que se trabaja, y comprometidos con el respeto y exigibilidad de los derechos del niño y adolescente”, agregaron.

Karina Leguizamón, presidente del Consejo, sostuvo que esta transferencia “fortalece su compromiso de garantizar la aplicación del sistema de protección integral, especialmente en relación a los adolescentes en situación de libertad restringida”.

“En esta nueva etapa las prioridades serán la reinserción social de los jóvenes y la restauración de sus derechos, junto con la mejora de las condiciones residenciales de los centros mencionados. Se trabajará particularmente cada caso, buscando generar externaciones planificadas con el diseño de proyectos de vida viables para los adolescentes”, señalaron.

Y finalizaron: “desde la Dirección Ejecutiva del Consejo se considera al traspaso como una esperada oportunidad para trabajar en materia penal juvenil desde una perspectiva integral, que permita aunar aspectos de protección social con un trabajo personalizado para la reinserción exitosa de estos adolescentes”.