Tal como lo anticipara en la sesión de esta semana al votar afirmativamente la ley de reintegro del IVA a jubiladas, jubilados y beneficiarios de planes sociales, la senadora Norma Durango presentó un proyecto de ley para que el sistema de reintegro sea financiado en su totalidad por el Tesoro nacional.

Durango señaló que “acordamos con los términos de la ley, por eso acompañamos con el voto, pero en ese mismo momento, en el recinto, adelanté que ello impactará directamente en las arcas provinciales. Creo que la medida implementada es justa, pero con la misma convicción entiendo que el costo fiscal que genera debe ser absorbido por el Tesoro Nacional” expresó en la última sesión, propuesta que fue celebrada por varios senadores y senadoras de distintas fuerzas.

El proyecto de ley presentado ahora por Durango es para que “los beneficios establecidos en el Título I de la Ley Nacional N° 27253 de ‘Reintegro de una Proporción del Impuesto al Valor Agregado por Compras en Comercios de Ventas Minoristas’, serán financiados exclusivamente por la Nación”.

Explica Durango en los fundamentos de su proyecto que “la iniciativa que propiciamos tiene por objeto eliminar el impacto que producirá el plausible régimen de reintegro de una proporción del IVA por Compras en Comercio de Ventas Minoristas, recientemente sancionado por el Congreso sobre los fondos que, en virtud del Régimen de Coparticipación Federal, perciben las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Compartimos el espíritu que animó la normativa aprobada hace apenas horas, porque constituye una medida positiva en tanto procura compensar, al menos en parte, los efectos del notorio incremento en los precios y, particularmente, en la canasta básica de alimentos, que se ha agudizado en los últimos meses. Como todo impuesto indirecto, el IVA afecta con mayor dureza a aquéllos sectores que destinan sus ingresos mayormente al consumo. Morigerar su voracidad sobre los sectores de menores ingresos, entonces, torna claramente menos regresivo nuestro sistema tributario o, para decirlo menos técnicamente, más justo”, expresó la senadora pampeana.

Y agregó que “el repaso de los actores sociales que verán aliviados sus ingresos con los alcances de la ley no hace más que reforzar el convencimiento con que votamos su sanción. En efecto, el universo alcanzado se conforma con quienes perciban jubilaciones y pensiones por fallecimiento con haberes mínimos, asignación universal por hijo para protección social, asignación por embarazo para protección social y pensiones no contributivas nacionales con percepciones mínimas también. Asimismo, podrán engrosar ese segmento aquellos beneficiarios de prestaciones similares en los ámbitos locales cuyas autoridades competentes suscriban acuerdos con la autoridad de aplicación de la ley. No resulta un dato menor que la norma se origina en un proyecto del Poder Ejecutivo, lo que la erige en la primera iniciativa, después de meses de gestión, enfocada a los sectores más postergados de nuestra sociedad. Suficientemente aclaradas nuestras coincidencias con el sesgo distributivo de la ley que acompañáramos con nuestro voto, no podemos dejar de señalar que los efectos de la misma, lamentablemente, tienden a generar otras inequidades, esta vez referidas al reparto de fondos de coparticipación entre la Nación y las provincias. Al respecto debemos considerar el momento crítico que están enfrentando las finanzas públicas provinciales por la evolución de los ingresos, tanto los de fuentes propias como los que les corresponden en concepto de coparticipación de impuestos nacionales”, subrayó la senadora pampeana.

Dijo también que “esto se debe a diversas razones, entre ellas el proceso de crecimiento en los precios que ha causado caídas importantes en los niveles de consumo. Como corolario de ello se verifican disminuciones en los niveles de actividad económica, particularmente en la construcción y la industria. Sin dudas que este escenario impacta en forma directa en la arcas públicas”, dijo.