En el marco de un expediente de 420 carillas, el fiscal Carlos Stornelli pidió elevar a juicio a la vicepresidente electa Cristina Fernández de Kirchner, al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al exsecretario de Obras Públicas José López y a un grupo de empresarios que incluye a Angelo Calcaterra, Cristóbal López, Gerardo Ferreyra y Carlos Wagner, entre otros.

Para Stornelli, “en la causa se probó que los pagos efectuados por los empresarios a los integrantes de la asociación ilícita fueron realizados con la intención de obtener una contraprestación a cambio, lo que descartó, desde un primer momento, la posibilidad de que hayan sido efectuados simplemente por el cargo que detentaban”.

Stornelli sostuvo que “ninguna de las entregas de dinero acreditadas en el presente fue realizada a título gratuito como simple regalías y por la investidura que poseían los funcionarios. Los privados y los representantes de la organización paraestatal realizaron un claro pacto, en el cual los primeros entregaban dinero a los segundos para que éstos, ejerciendo sus capacidades, hicieran algo específico y determinado con relación a los procedimientos administrativos o contratos en los cuales estaban involucrados”.