Según la iniciativa, impulsada por la diputada Leonor Martínez Villada, los miembros del Estado Nacional, y de los gobiernos provinciales y municipales se tendrían que realizar los controles una vez al año.
La diputada de la Coalición Cívica Leonor Martínez Villada presentó un proyecto de ley que plantea que, una vez al año, los funcionarios públicos deberán someterse a controles de antidopaje.
Si bien la CC-ARI de Córdoba había informado que el proyecto había sido acompañado por Elisa Carrió, horas después se aclaró que “hubo una confusión” y que “Lilita” no suscribió el mismo.
La iniciativa “se basa en la incompatibilidad manifiesta que existe entre la compra de estupefacientes para consumo, y obligación que tienen los funcionarios públicos de denunciarlo, según el Código Procesal Penal de la Nación”, se explicó en un comunicado.
La norma alcanzaría “a los cargos jerárquicos” de los miembros del Estado Nacional, los gobiernos provinciales y municipales.
“La presentación hace hincapié en la obligación que tienen los funcionarios públicos de denunciar ilícitos, por lo cual el consumo de estupefacientes se contrapondría a los deberes del mismo”, insistió Martínez Villada.
La diputada enfatizó: “Si yo como representante del pueblo de la Nación tengo la obligación de denunciar a quienes comercialicen drogas, ¿cómo voy a consumir? Es sentido común, por eso planteamos la necesidad de realizar controles de dopaje, para asegurarnos que nuestros representantes no incurren en una violación de sus deberes”.
Según destacaron, en Tucumán y Tierra del Fuego ya cuentan con una ley provincial de similares características.
