Un grupo de diputados presentó un proyecto que prevé sanciones para quienes agredan “física o moralmente” a profesionales de la salud e impidan que cumplan con sus funciones.
Un grupo de diputados, impulsores de la despenalización del aborto, presentaron un proyecto que propone penas para quienes intenten frenar una práctica de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en establecimientos de salud.
La iniciativa surgió luego de que se dieran varios casos en los que militantes “pro vida” intentaron detener este tipo de intervenciones, aun cuando las mujeres estaban amparadas por las causales contempladas en el fallo FAL de la Corte Suprema.
La propuesta es encabezada por el diputado Daniel Lipovetzky (Cambiemos), quien fue el encargado de conducir los debates en comisiones durante el tratamiento del proyecto de IVE. Además la firman las oficialistas Karina Banfi, Alejandra Martínez y Brenda Austin; la massista Cecilia Moreau; Lucila De Ponti y Araceli Ferreyra del Movimiento Evita, y Victoria Donda (Somos).
En el texto se establece incorporar el artículo 85 bis al Código Penal, el cual indicaría: “Será reprimido con prisión de tres meses a un año quien por cualquier medio ejerciere violencia física o moral sobre autoridades de establecimientos de salud, integrantes o trabajadores de los mismos, o profesionales de la salud, a efectos de obstaculizar sus tareas o impedir el cumplimiento de las obligaciones a su cargo”.
“La misma pena será aplicable a quienes organicen acciones de ese tipo, o convoquen a través de cualquier medio a realizarlas, o publiciten tales convocatorias”, agrega.
Y además se elevará la pena de uno a tres años “si las acciones tipificadas tuvieran como objetivo obstaculizar o impedir la práctica de una interrupción legal de un embarazo, o si como resultado de las conductas descriptas en este artículo se hubiera generado perjuicio en la vida o la salud de la o las personas perjudicadas por las mismas”.
En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores recordaron un episodio reciente -en octubre pasado- ocurrido en el Hospital Rivadavia, “cuando ante el fracaso de una denuncia penal para intentar detener el procedimiento de la interrupción legal del embarazo que se articulara conforme la normativa vigente por peligro en la salud de la madre, se efectuó una convocatoria por Whattsapp para pasar a las vías de hecho, circunstancia por demás preocupante, porque además ha existido en ese caso filtración de información, en una clara violación del deber de confidencialidad”.
“Resulta por demás preocupante que grupos de personas se arroguen la facultad de decidir sobre la vida de otros y que pretendan limitar de manera violenta el accionar de profesionales de la salud que no hacen otra cosa que cumplir con sus obligaciones legales”, sostuvieron los diputados.
