Los diputados porteños acompañaron con 40 voluntades a favor, 18 en contra y 1 abstenciones la adhesión al “Consenso Fiscal”, celebrado entre el Gobierno Nacional y el del distrito capitalino.
La Legislatura porteña aprobó con 40 votos positivos, 18 negativos y 1 abstenciones la adhesión a la Ley de Consenso Fiscal”, celebrado entre el Gobierno Nacional y el del distrito capitalino, mediante la cual buscará reducir las alícuotas de los impuestos a los Ingresos Brutos y Sellos para distintos sectores de la producción. La medida había sido impulsada por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.
Según lo establecido en la iniciativa los sectores beneficiados serán la industria, el comercio, la construcción, el transporte y los servicios públicos. De esta manera, los cálculos oficiales estiman, a modo de ejemplo, que sobre un producto cuyo precio final es de cien pesos, habrá una reducción en la parte de ese valor que corresponde a impuestos del 55%.
De esta manera -y de acuerdo con los cálculos oficiales-, la medida representará una disminución de 18 mil millones de pesos por año sobre los ingresos tributarios, una vez completado el cronograma de baja de alícuotas en el 2022.
Asimismo, habrá un alza para los comercios que hacen la venta final de los productos, como parte de la “migración” de la presión fiscal desde la producción hacia el consumo. Es decir que este aumento en la presión fiscal recaerá sobre los comercios que superen los diez millones de pesos de facturación anual, y de cara al 2019 se extenderá a las comisiones de las tarjetas de crédito y a la medicina prepaga.
Entre los puntos más relevantes de la medida se destaca que se reducirá “un 55% la presión fiscal sobre el consumo”, para las industrias “el 85% de los contribuyentes estarán exentos a partir del 2018, lo que significará resignar desde el año que viene el 42% de la recaudación de Ingresos Brutos del sector” aunque para el 2022 “la actividad industrial en su totalidad no pagará Ingresos Brutos”. También se eliminarán los Ingresos Brutos para los créditos hipotecarios para vivienda única, pese a que en mayo de este año el Gobierno porteño ya había bajado la alíocuota del 7% al 1,5%.
Es así que se prevé que la medida se debata este viernes, siendo la primer sesión extraordinaria del año, junto a varios temas, entre ellos los relativos a la designación en distintos cargos que se reparten entre el oficialismo y la oposición, como las nueve sillas del Consejo del Plan Urbano Ambiental, o los representantes en el Consejo de niñas, niños y adolescentes. También se incluirá la disolución de la Agencia de Bienes del Estado porteño y medidas de carácter administrativo donde Larreta pondría un tope a los sueldos políticos, donde el sueldo de un ministro que pasaría a ser de 168 mil pesos mensuales en bruto.
Fuerte apoyo a los emprendedores
Durante la misma sesión, el Palacio Legislativo autorizó con 44 votos a favor, 4 en contra y 9 abstenciones la adhesión a la Ley N°27.349 de “Apoyo al Capital Emprendedor”, mediante la cual el Gobierno busca facilitar la constitución, promoción y crecimiento de emprendimientos en el país. La propuesta había sido presentada por el legislador de Vamos Juntos Andrés Freire.
En los fundamentos de la medida, el diputado explicó que “la Ley representa un fuerte apoyo a los emprendedores de todo el país y apunta a fomentar la generación de más y mejor empleo a partir de la promoción de ideas argentinas, conjuntamente con la simplificación de los trámites a efectos de la constitución de pequeñas empresas mediante la creación de una nueva figura jurídica, la ‘Sociedad por Acciones Simplificada’” y señaló que también crea “un Registro de Instituciones de Capital Emprendedor y un Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor, habilitando el ‘crowfunding’, sistema de financiamiento colectivo cuyo objetivo es vincular, mediante plataformas diseñadas a tal fin, a potenciales inversores con aquellas personas físicas o jurídicas, que soliciten fondos para sus emprendimientos”.
Además, indicó que dicha normativa “comprende no solo a las Instituciones de Capital Emprendedor – personas jurídicas, fondos y fideicomisos argentinos, ya sean públicos o privados, cuyo único objeto sea aportar recursos propios o de terceros a más de un emprendimiento- sino también a los ‘Inversores en Capital Emprendedor’, es decir, todas las personas jurídicas, fondos, fideicomisos y personas humanas que inviertan recursos en Instituciones de Capital Emprendedor o directamente en emprendimientos en el caso de las personas humanas”.
“La adhesión al régimen nacional permitirá articular ambas jurisdicciones, potenciando la inversión productiva emprendedora en la región, y afianzando así el trabajo mancomunado de los actores involucrados”, sentenció.
El debate
La diputada de Vamos Juntos Paula Villalba explicó que “la modificación a la Ley Tarifaria 2018-2022 tiene por objeto avanzar en el compromiso de implementar políticas que alivianen la presión tributaria, en lo que respecta a impuestos distorsivos y regresivos tales como Ingresos Brutos y Sellos” y señaló que “con estas medidas, la Ciudad busca promover el aumento de la inversión, la generación de empleo privado y la consecuente reducción de la pobreza, fomentando así el desarrollo competitivo de diversas actividades económicas”.
“En cuanto a los Ingresos Brutos, el impacto de esta reforma alcanzará una reducción del 14% sobre la recaudación total de este impuesto, en tanto que en Sellos la merma alcanzará el 42% del total de este impuesto, siendo la Ciudad de Buenos Aires la jurisdicción que mayor esfuerzo fiscal realiza”, manifestó y destacó que “con esta medida, una vez más, estamos priorizando que más familias adquieran su casa propia, que les dará una mejor calidad de vida y la posibilidad cierta de sentirse ciudadanos plenos, con derecho a acceder a la propiedad de su vivienda”.
Por su parte el legislador de PTS Patricio Del Corro aseveró que “esta ley es el huevo de la serpiente de todas las leyes de ajuste que hemos visto todos estos días, un saqueo a los jubilados y los pibes que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH)” y consideró que “esto no es ningún consenso, toda la población está en contra de todas estas medidas; este pacto tiene dos caras: la del ajuste para los que menos tienen y la otra es la de la ganancia de los grandes empresarios”.
A su vez, la diputada de AyL Marta Martínez denunció que “este tipo de leyes es lo que le ha costado al pueblo palos, gases y balas de gomas; no es ningún consenso, es un saqueo a los jubilados y a los trabajadores”.
Asimismo, el legislador del PO Gabriel Solano afirmó que “la política que está llevando a cabo este Gobierno nosotros la calificamos, sin exagerar un ápice, como un plan de guerra” y advirtió que “vienen a eliminar las horas extras, la jornada laboral de 8 horas, entre otras cuestiones; con este plan de guerra modificaron las jubilaciones y los trabajadores van a trabajar durante muchos más años para poder acceder a esa jubilación”.
La diputada de Suma+ Natalia Fidel indicó que “desde este bloque vamos a acompañar esta medida porque la consideramos necesarias” e insistió en que “es fundamental rever las prioridades del gasto para no seguir generando déficit y deudas”. “Que a dos semanas de haber aprobado la Ley Tarifaria haya que modificarla, significa que no se han hecho bien los cálculos”, completó.
A su turno el socialista Roy Cortina afirmó que “la verdad que, cuando meses atrás, el presidente Macri convocó a los gobernadores para iniciar una ronda de diálogo e intentar consensuar la solución de muchos problemas que vienen de arrastre, a nosotros nos pareció algo positivo”, pero “nos hemos equivocado, la convocatoria se ha hecho reciclando recetas que los argentinos ya las conocemos y que lo único que traen es más retroceso para quienes menos tienen”.
Por su lado, el diputado de Unidad Ciudadana Mariano Recalde señaló que “estamos tratando un paquete de leyes que van en contra de nuestros principios elementales como bloque y frente en todo el país” e indicó que “estas leyes van en contra de la expresión popular y porque no parte de la soberanía de nuestro país, son leyes dictadas por el FMI que nos somete económicamente”.
“Nos oponemos a estas leyes porque expresan una profunda injusticia social, son la expresión de un proyecto neoliberal que vuelve a la Argentina a hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres”, añadió.
