El titular de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Jorge Yoma (FpV), presentó un proyecto de ley para crear el Tribunal Nacional de Casación por Arbitrariedad y quitarle esa facultad a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Según se desprende del texto de la iniciativa, el nuevo Tribunal se abocaría a las sentencias arbitrarias que se interpongan no sólo de los tribunales inferiores federales, sino también nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires.

El legislador peronista fundamentó su proyecto en la necesidad de aliviar el trabajo de la Corte. “Cierto es que el volumen de causas en las que entiende el Máximo Tribunal hoy, supera con creces lo imaginable, y sus posibilidades de ofrecer un servicio de justicia en plazos razonables que satisfagan las expectativas de los justiciables”, señaló.

Uno de los primeros opositores en reaccionar fue el diputado Ricardo Gil Lavedra. El jefe del bloque radical en la Cámara baja rechazó la iniciativa al considerar que la definición sobre esas sentencias debe continuar en manos de la Corte.

Desde la Casa Rosada también tomaron distancia del proyecto. Según confirmó una fuente oficial al diario La Nación “el Poder Ejecutivo no tiene interés en avanzar sobre la Corte” y el proyecto de Yoma es considero como una iniciativa de un diputado, no del Gobierno.

Tras los cuestionamientos, y al ser consultado sobre si el espíritu es quitarle poder a la Corte, el propio Yoma afirmó: “En absoluto”. “La Corte está para otra cosa; hay una larga lista de causas que reciben y son desechadas sin fundamentar al entender que no hay materia suficiente”, afirmó en diálogo con Radio 10.

El riojano señaló además que tiene “un enorme respeto por el trabajo de la Corte y de sus miembros” y que “de ninguna manera tiene que ver con esto establecer un conflicto”.

Al respecto, Yoma aseguró que “no va a tener un trámite exprés”. “Vamos a convocar a expertos, a juristas, a procesaristas”, señaló el diputado y presidente de la comisión.

En el proyecto se aclara la composición del nuevo cuerpo: “El Tribunal estará integrado por siete (7) miembros quienes deberán reunir las condiciones exigidas para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Serán designados por el procedimiento de los artículos 99 inciso 4 (segundo párrafo) y 114 de la Constitución Nacional, previa audiencia pública y difusión en todas las provincias de los pliegos sometidos a consideración del Senado. Gozarán de las garantías del artículo 110 de la Constitución Nacional. Prestarán juramento ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.