El diputado Oscar Martínez pidió también solicitó resarcir a todos los perjudicados. Es por el corte total de la empresa el pasado 2 de abril que afectó a 16 millones de usuarios.
El legislador nacional por Santa Fe Oscar Ariel Martínez (FpV) solicitó que la cámara de diputados exprese su preocupación por la interrupción de la totalidad de los servicios móviles de telecomunicaciones de la empresa Movistar, el pasado 2 de abril.
Asimismo, la iniciativa de Martínez “insta al Poder Ejecutivo a aplicar con carácter urgente, la máxima sanción establecida en el marco regulatorio vigente y disponer las medidas resarcitorias a favor de los clientes damnificados”.
Según agrega el legislador kirchnerista, “el hecho no tiene precedentes desde que se inició la prestación de servicios móviles en el año 1998 y es un incumplimiento de inusitada gravedad por parte de Movistar, y debe ser sancionado por el ejecutivo con el máximo rigor previsto en la legislación y el marco regulatorio”. De igual forma, Martínez requiere que se adopten las medidas necesarias para resarcir a los usuarios, tras los perjuicios originados por la interrupción del servicio.
Oscar Martínez explicó que “los incrementos desregulados en las tarifas de telefonía celular dieron importantes niveles de rentabilidad en los últimos años a sus prestadoras”. Y agregó “se ha observado un crecimiento exponencial en la cantidad de clientes, que son más de 40 millones actualmente y deberían tener un correlato cierto en las inversiones necesarias para el mantenimiento, la expansión y modernización de las redes”.
“Ahora bien. Ante la falla observada en la red de Movistar, principal prestadora de servicios de telecomunicaciones móviles de Argentina, cabe preguntarse si Movistar en particular y los prestadores de servicios de telecomunicaciones móviles en general, realizan las inversiones necesarias para garantizar la continuidad, calidad y regularidad del servicio” reflexiona el diputado nacional.
El legislador santafesino subraya que “lo acaecido el pasado 2 de abril amerita, por su gravedad, la aplicación de la máxima sanción prevista en el ordenamiento jurídico vigente”. Por último destacó “el organismo de regulación y control debe verificar el nivel de inversión de esta empresa, como así también las condiciones técnicas de sus redes, adoptando las medidas conducentes que garanticen la normalidad del servicio”.
